La investigación del caso Pretoria se ha cerrado y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que existen suficientes indicios para sentar al banquillo de los acusados a 11 personas, entre las cuales están destacados exponentes del pujolismo, como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, por un lado, y figuras del PSC, como el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado socialista Luis Garcia Sáez, conocido como Luigi, por otro.
A todos ellos les atribuye delitos de tráfico de influencias, cohecho y delitos continuados de blanqueo de dinero. Según Ruz, los imputados formaron una trama que intermediaba en adjudicaciones públicas y las decantaba, gracias a la cual se lucraban con comisiones que posteriormente emergían en entramados societarios y financieros. Se calcula que la trama defraudó unos 45 millones de euros en operaciones urbanísticas a los ayuntamientos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres.
Prenafeta, histórica mano derecha de Jordi Pujol, obtuvo 15 millones de euros por esta vía entre 2000 y 2009, calcula el juez Ruz, mientras que el ex consejero Alavedra, otro de los hombres fuertes del pujolismo, recibió seis. En cuanto a los dos principales socialistas imputados, Ruz calcula que Muñoz obtuvo 1,7 millones y Luigi, a quienes se otorga un papel principal en la trama del caso Pretoria, seis millones de euros.
Pablo Ruz también propone juzgar a Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan y María Lluisa Mas Crussels.
