El Gobierno de la Generalitat ha malvendido buena parte de su patrimonio -edificios, concesiones de infraestructuras o gestión del agua- en los últimos tres años para garantizar las políticas sociales. O esto ha dicho el presidente Mas este miércoles durante la sesión de control parlamentaria.
Preguntado por los portavoces de la CUP y de ICV-EUiA sobre los negocios pésimos que han supuesto las últimas privatizaciones: el banco brasileño que compró para venderse después de dos años la concesión de los túneles del Cadí y de Vallvidrera ganó 86 millones de euros o la incertidumbre judicial de la concesión de la gestión de Aguas Ter-Llobregat, el presidente Mas justificado las operaciones: «No hay dinero para atender el presupuesto social de la Generalitat. A cambio de poner este dinero en el ámbito social, vale la pena hacerlo? Yo creo que sí. Nos atrevemos a vender patrimonio a cambio de invertir en políticas sociales».
