Se espera un final de legislatura agonizante con el nuevo revés al Gobierno de Artur Mas en la llamada ‘guerra del agua’ después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso de casación interpuesto desde la consejería de Economía. La Generalitat tiene que resolver el contrato millonario que adjudicó a Acciona como concesionaria de las aguas de buena parte del área metropolitana de Barcelona.
El Alto Tribunal considera que la consejería de Territorio, entonces dirigida por Lluís Recoder -hoy abogado de la consultora KPMG-, decidió formalizar el contrato de concesión «antes de que se hubiera dictado una resolución en el recurso especial y cuando todavía no había transcurrido el plazo legal para dictarla».
«Todo perjuicio económico que en este punto nos ocupa deriva de una actitud de la Administración difícilmente explicable, y no explicada en términos convincentes en el recurso especial ante el Oarcc y cuando no había transcurrido todavía el plazo para dictarla», dice la interlocutoria.
La sentencia, contra la cual no se puede interponer ninguno otro recurso, obliga el Gobierno a resolver sin más dilaciones el contrato con Acciona y le carga, además, los 6.000 euros por las costas del proceso.
