A la avalancha de denuncias contra la actuación del presidente Artur Mas relacionada con la consulta del 9N se ha sumado, este viernes, la querella de dos sindicatos de policías. El Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Federal de Policía (UFP) señalan la posible existencia de responsabilidad penal por un supuesto delito de desobediencia en la celebración del 9N alternativo.
SPP y UFP consideran que presentando esta querella cumplen con su obligación, surgida de la jura de la acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) recibe, así pues, una nueva acometida por la vía judicial contra Mas que se suma a la docena de denuncias interpuestas en varios juzgados catalanes, como los de Gavà, Terrassa y Martorell. La lista de querellantes a raíz del 9N es mucho más larga: la Fiscalía destaca por su relevancia, pero también han probado fortuna Manos Limpias, Vox, UPyD y el controvertido abogado José Emilio Rodríguez Menéndez.
Los hijos de Pujol
Por otro lado, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ha pedido ampliar la causa sobre el dinero escondido en el extranjero por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. En concreto, Luzón pide que se admita a trámite la querella de Podemos, Guanyem e ICV con sus acusaciones contra el matrimonio Pujol Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere.
En cambio, el fiscal no ha estimado oportuno que la causa se dirija contra Jordi Júnior, Josep y Oriol, como pedían Podemos y Guanyem, ni contra figuras del entorno familiar de los Pujol como los empresarios Carles Sumarroca Coixet y Carles Sumarroca Claverol, la ex esposa del júnior, Mercè Gironès, y Jordi Puig, hermano del consejero Felip Puig. El fiscal ha recordado, en este sentido, que la Audiencia Nacional ya tiene abierta una causa contra Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer.
