El presidente de la Generalitat, Artur Mas, junto con las consejeras Rigau y Ortega, se enfrenta a cuatro delitos, acusado por la Fiscalía, que comportan penas de prisión de hasta un año y de inhabilitación para cargos públicos de hasta diez años.
El delito de obstrucción a la justicia es el único por el cual se pide privación de libertad, que en ningún caso cumpliría para ser la primera condena de una pena menor a dos años de prisión. El tipo prevé una condena de entre seis meses y un año. La prevaricación administrativa continuada y la desobediencia están tipificadas con inhabilitaciones de entre siete y diez años. El último delito que se les imputa, malversación de fondos públicos, prevé una multa y la suspensión del cargo.