La Oficina Antifraude de Catalunya es otra instancia donde también se dirimirá el conflicto entre Panrico y sus extrebajadores. En este caso, la Generalitat está salpicada, ya que un grupo de empleados y exempleados sospecha que el préstamo de ocho millones de euros que facilitó el Institut Català de Finances a la empresa sirvió, total o parcialmente, para financiar 60 despidos. La dedicación real de ese dinero, así pues, es la clave del posible fraude que tendría que aclarar una eventual investigación sobre la denuncia planteada por dos trabajadores, dos extreballadors y dos miembros del comité de apoyo a la planta de Santa Perpètua de Mogoda.
El hermano de Artur Mas
Esta ayuda se entregó en un contexto de ahogo financiero de la Generalitat a una empresa como Panrico, controlada por el fondo Oaktree Capital. Cómo ha publicado EL TRIANGLE, Panrico dispone de un activo singular a sus filas: Joan Mas y Gavarró, hermano pequeño del actual presidente de la Generalitat que hasta hace poco era el «director de operaciones» de la empresa. Actualmente, figura como apoderado de la filial La Bella Easo en Zaragoza, cargo que también había tenido a Panrico SA y a Galletas Artiach SA.
El papel de Felip Puig
En este conflicto laboral, los empleados, que totalizaron ocho meses de huelga en Santa Perpetua, han acusado al consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, de haber «defendido los intereses» de la empresa y de haberla premiado. «Es sintomático que el mismo día que la prensa hace público el préstamo, se despida a 60 personas más», ha declarado uno de los denunciantes.
Novedad en la cúpula de Antifraude
El último nombramiento en la Oficina Antifraude, ratificado este jueves por la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento, ha sido muy polémico. Maite Masià, que dirigía el Instituto Catalán de la Energía (Icaen), que depende del Departamento de Empresa y Empleo, vuelve a Antifraude, donde se había encargado del área de Universidad y Empresas Públicas, Fundaciones y Consorcios. Ahora se convierte en directora adjunta a pesar de estar salpicada por el caso ITV. Masià no está imputada, pero en el sumario del caso constan comprometedoras conversaciones telefónicas suyas con el empresario Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol y supuesto cerebro de la trama. Masià, que prometía dinero en aquellas conversaciones, por otra parte, negó «indicios fehacientes» de financiación irregular en CDC poco antes de que la sede de este partido fuera embargada por ese motivo.
