La comisión rogatoria enviada en agosto a las autoridades suizas por parte de Zita Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, no ha servido para nada. La Oficina Federal de Justicia de Suiza rechaza, como muestra un documento publicado por Vozpópuli, la petición de la instructora: recibir los datos de las cuentas bancarias de Jordi Pujol y su familia. Además, reprocha por escrito que no se hayan concretado las supuestas actividades criminales de Pujol ni se haya establecido relación manifiesta alguna de los investigados con Suiza. En la solicitud no constaba ni la infracción por blanqueo de capitales ni la infracción previa, el delito antecedente por el cual se habría cometido el blanqueo.
A pesar de esto, el organismo suizo no se niega a colaborar en el supuesto de que un requerimiento futuro se complete en el sentido que sus reproches apuntan. La clave, según la misma información, es que la petición cursada desde Barcelona se tendría que haber ajustado al derecho suizo, que exige explicitar datos y lugares de la comisión de los hechos, las personas implicadas y sus funciones, y «el modo operativo».
La respuesta de Suiza contiene un tirón de orejas adicional para Hernández por otro motivo: da a entender que habría hecho un copy/paste de otra petición remitida antes: «parece ir dirigida a las autoridades del Principado de Andorra», llega a decir el escrito de respuesta.
Mientras tanto, Andorra tampoco ha respondido a las dos peticiones de información de la Justicia española, remitidas por el propio Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona y por la Audiencia Nacional.
