Artur Mas tiene los días contados como presidente de la Generalitat de Catalunya. Esquerra Republicana (ERC) y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) lo han expresado muy claramente: si el líder convergente quiere continuar contando con su apoyo tiene que convocar inmediatamente –en el plazo máximo de tres meses, ha precisado Carme Forcadell en el mitin de la plaza de Catalunya- unas elecciones plebiscitarias, a poder ser con una «lista unitaria de país».
Los números no salen. De los 135 escaños que tiene el Parlamento catalán, la apuesta independentista sólo concita, en estos momentos, el apoyo explícito de los 37 diputados de Convergència Democràtica (y esto no está nada claro en todas «sus señorías»), de los 21 de ERC y de los tres de la CUP: en total, 61, siete por debajo de la mayoría absoluta. Sin el concurso de los 13 diputados de Unió Democràtica y de los 13 de Iniciativa per Catalunya-EUiA, que formaban parte del bloque inicial de la consulta del 9-N (versión A), la supuesta «unidad» se convierte en una clamorosa minoría.
La consulta del 9-N (versión B) no lleva a ninguna parte y se está «organizando» desde Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat como si tampoco se tuviera que realizar. La falta de tiempo y de voluntad política para estructurar un debate a fondo sobre los «pros» y «contras» de la secesión y la ausencia de un censo que sirva de referencia y dé garantías de legitimidad hacen que el resultado de la consulta, sea el que sea, no merezca, de entrada, ningún tipo de credibilidad, tanto en clave interna como internacional.
A los 20.000 voluntarios que ha convocado el presidente Artur Mas se les pide que tienen que estar en los centros de votación el día 9-N desde las 7,30 horas de la mañana hasta que finalice el recuento, la transmisión de datos y la entrega de la documentación, como mínimo hasta las 24 horas. Además, esta tarea, según leemos en la web de la Generalitat, «no merita compensaciones económicas de ningún tipo ni da derecho a ningún permiso laboral». Con la circunstancia añadida que, con toda probabilidad, miles de los voluntarios que se están apuntando tendrán que hacer aquel día muchos kilómetros para reforzar los centros de votación que no tengan cobertura logística suficiente. En definitiva, un desiderátum.
A Artur Mas, el tiempo político se le acaba. Ha roto la «porcelana de la unidad» desistiendo de la celebración de la consulta (versión A), es incapaz de realizar la consulta del 9-N (versión B), no tiene autoridad moral para elaborar ni encabezar la «lista de país» y, aunque tiene la potestad estatutaria de hacerlo, no puede convocar unas elecciones plebiscitarias anticipadas sin provocar la ruptura traumática de la coalición con Unió Democràtica. Y todo ello, con la caja de la Generalitat llena de telarañas, sin saber cómo pagará las nóminas del mes de octubre y dependiendo totalmente del grifo del ministro Cristóbal Montoro para llegar a final de año. Para más ‘inri’, tiene el «dossier Liechtenstein» a punto de estallarle en cualquier momento. Insoportable y patético.
Artur Mas no llegará vivo al 9-N. En los próximos días asistiremos al acto final de esta jocosa tragicomedia con el anuncio de su dimisión. Paradójicamente, sólo lo puede salvar –si quiere- el PSC. Dándole oxígeno en el Parlament, garantizándole la aprobación de los Presupuestos del 2015 y, en especial, desbloqueando la titulización en el mercado de Londres de los 850 millones de euros del canon del agua -decisión que es en manos de Agbar y del Área Metropolitana de Barcelona (Antoni Balmón)-, que permitirían salvar el default inminente de la Generalitat. Pero todo esto tiene un precio: la retractación pública de Artur Mas de sus veleidades soberanistas y el frenazo en seco del proceso soberanista.
El dilema de Artur Mas es, en términos políticos, angustiante e inaplazable. O los «100.000 hijos de Carme Forcadell» o los 20 diputados del PSC. O lo matan unos o lo matan los otros o se suicida. Tic-tac, tic-tac… «Uf, dijo él» (copyright Quim Monzó).
