No se acaba de entender que los partidarios de que el 9 de noviembre se haga una consulta a la ciudadanía catalana basada en la doble pregunta creada por Artur Mas y suscrita por los líderes de ERC, ICV-EUiA y la CUP se empeñen en hacer creer que se puede celebrar con un mínimo de garantías de éxito. El 9 de noviembre se pueden hacer muchas otras cosas. Una consulta popular impulsada por estos mismos partidos, con la colaboración de la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y las entidades que quieran participar. Un gran sondeo por Internet. O plenos simultáneos en el mayor número posible de ayuntamientos catalanes reclamando el derecho a realizar esta convocatoria de referéndum.
Pero no se puede organizar la consulta legal, equilibrada, ecuánime y plural que se debe exigir. Puede doler más o menos que el Gobierno de Mariano Rajoy se haya opuesto a ella frontalmente desde el primer momento. Pero no se puede poner la rabia o la frustración por delante de la realidad.
Que el día 9 de noviembre no se celebre la consulta prevista no debe interpretarse como un triunfo de «Madrid» o de los contrarios a lo que se ha bautizado como «derecho a decidir». La movilización, que cada vez confunde más este derecho con la voluntad independentista, no se detendrá por este contratiempo. Todo lo contrario, la prohibición da más alas a la frustración y a la queja.
Nada haría aflojar más el fervor independentista que una actitud constructiva por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero Rajoy ya hace muchos años que ha elegido la carta de promover el independentismo en Catalunya a cambio de cultivar su voto españolista en el conjunto del Estado.
La consulta pactada por los partidos catalanes en diciembre del año pasado no puede ser. Es imposible. Cuanto antes y abiertamente se reconozca este hecho, mejor se podrá plantear la búsqueda de soluciones al callejón sin salida donde nos encontramos. Encontrarlas no pasa, eso es evidente, porque los políticos catalanes que firmaron la consulta las negocien a hurtadillas de los periodistas.
La solución, y se tiene que encontrar alguna -aunque no satisfaga a todos, lógicamente- pasa por poner los pies en el suelo y explicarle a la ciudadanía qué se quiere hacer y cómo se puede hacer. Menos astucia y más transparencia y sinceridad. Menos frases brillantes y referencias históricas apoteósicas y más remangarse y dar la cara.
Lo que no puede ser, no puede ser; y, además, es imposible.
