La corrupción en el seno de la Guardia Urbana vinculada con tratos de favor a propietarios de burdeles y blanqueo de capitales va mucho más allá de la veintena de detenidos hace dos semanas, entre ellos los llamados ‘pepitos’, cuatro agentes que recibían 3.800 euros mensuales y servicios sexuales para alertar de inspecciones policiales.
Dos jefes de la Guardia Urbana están siendo investigados por supuesto trato de favor. Según informa El País, son el intendente mayor Jesús H. (uno de los cinco mandos con más rango) y su hermano Agustín, inspector. Pese a que la intervención de los teléfonos de ambos ha reportado datos que los comprometen, indican los Mossos d’Esquadra, ninguno de los dos ha sido citado todavía para declarar como imputado.
Las reveladoras conversaciones apuntan que los agentes facilitaron una instalación de aire acondicionado mediante una grúa haciendo que se cortara la calle y ponen de manifiesto el compromiso de los agentes para apartar de la zona una furgoneta policial que, supuestamente, pasaba a menudo cerca de los locales del empresario, entre otros comportamientos sospechosos, como un aviso de inspección.
El estallido del escándalo llega con las denuncias de clientes de los locales que aseguraron que les habían narcotizado y robado dinero de sus tarjetas de crédito. Era la punta de un iceberg que incluye, según fuentes policiales, estafas, irregularidades en la concesión de licencias de actividad, sobornos a policías municipales y una trama de blanqueo de dinero relacionada con los conocidos empresarios de la noche barcelonesa Carlos Caballero y Joan Enric Balcells.
