Bruselas hace aquello que tenían que hacer la Generalitat y el Gobierno central y que, por intereses económicos, se han mantenido quietos y callados durante años: advertir a Iberpotash que la explotación de minas que mantiene en la comarca del Bages «es peligrosa para la salud». Los residuos que genera la actividad minera de la filial israelí ICL en Súria, Sallent y Balsareny son, según el dictamen previo al procedimiento de infracción que quiere abrir la Comisión Europea, «un peligro para la salud de las personas«.
La secretaría general de la CE, informa elConfidencial, ha hecho llegar al ministro d‘Exteriores, García-Margallo, una carta de emplazamiento que detalla las consecuencias medioambientales fruto de la explotación minera sin miramientos. La acumulación de residuos salinos en el Bages, la escombrera del Cogulló ya es tan alta como la montaña del Tibidabo, reporta, según la misiva, «efectos nocivos sobre las aguas subterráneas y superficiales«.
La CE carga contra la inactividad de las autoridades por «no haber tomado medidas necesarias para garantizar que los residuos se gestionen sin poner en peligro la salud humana».
Ante la aparente inactividad de las autoridades catalana y española, Bruselas no ha sido la única parte que ha movido ficha. La respuesta de Iberpotash a las sentencias judiciales condenatorias que empieza a coleccionar ha sido congelar las inversiones, por valor de 800 millones, que tenía previstas en el plan que denominaba Phoenix y que tenía que resultar la salvación, en forma de reciclaje, de los residuos de la explotación.
