Lluís Recoder legó una «patata caliente» a su sucesor al frente de la consejería de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila: el conflicto del agua en Barcelona y la judicialización de la polémica privatización de la compañía pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL), decantada por la Generalitat a favor de la empresa madrileña Acciona.
Varias resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han dictaminado la nulidad de esta adjudicación, incidiendo en las anomalías de la oferta presentada por Acciona, que ya fueron detectadas y denunciadas por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de la propia Generalitat poco después de la privatización. Pero, hasta ahora, el consejero Santi Vila no ha hecho caso de las sentencias judiciales y demora su ejecución, que no puede ser otra que la convocatoria de un nuevo concurso o bien el otorgamiento de la adjudicación de la ATLL a la otra empresa que optaba, Agbar (Grupo Suez Environnement).
Contrasta esta displicencia de la Generalitat catalana con el conflicto suscitado en Cáceres (Extremadura), de evidentes paralelismos. En este caso, el contrato de suministro y saneamiento del agua también fue otorgado a la empresa Acciona y también en circunstancias irregulares, que fueron denunciadas por los otros concursantes (Canal Isabel II, Aqualia y Aguas de Cáceres). Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) dictaminó la nulidad del concurso y el Ayuntamiento procedió ipso facto a una nueva convocatoria que, finalmente, se ha acabado adjudicando, hace pocos días, a la empresa pública Canal Isabel II.
El consejero Santi Vila pasa, en el equipo de gobierno de Artur Mas, por ser un exponente de talante moderado y dialogante. Por ejemplo, ha dejado muy claro que la consulta del 9-N sólo se podría celebrar en el supuesto de que fuera plenamente legal y el Gobierno español diera el visto bueno. Esta actitud tibia ha provocado el enfado del ‘sector talibán’ de Convergència. Pero su extremado amor por la legalidad y el escrupuloso respecto a las decisiones que pueda adoptar el Tribunal Constitucional sobre la consulta independentista contrastan con las reiteradas resoluciones del TSJC sobre la «guerra de la agua». Aquí opta por hacerse el sueco y demorar su obligada ejecución. La alcaldesa de Cáceres ha dejado al consejero Santi Vila en pelotas.
