Una nueva ILP por la dignidad

Sus promotores dicen que la Generalitat tiene que dejarse de excusas y atacar la pobreza energética y asegurar el derecho a la vivienda
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC no se rinden. El año pasado, el PP rechazó en el Parlamento español la Iniciativa Legislativa Popular en favor de la dación en pago y de la paralización de los desahucios, presentada gracias a más de 1,4 millones de firmas, casi el triple de las 500.000 que se necesitaban. Este jueves han realizado la presentación conjunta de una nueva iniciativa legislativa, dirigida esta vez al Parlamento catalán, de «Medidas Urgentes contra la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética».

Los impulsores de la nueva ILP interpelan sin tapujos al Gobierno catalán. «Tiene que dejarse de excusas», ha declarado el miembro de la PAH Guillem Domingo durante la presentación de la iniciativa, adaptada en su formulación a las competencias de la Generalitat.

Una vez presentada, la Mesa del Parlamento tiene quince días para aprobarla. Sus promotores tendrán que sumar 50.000 firmas, un objetivo que no parece extraordinario considerando que recogieron medio millón en la ILP estatal, como ha recordado Domingo.

La propuesta
La ILP retrata con estadísticas el daño que la crisis ha producido a los hogares catalanes, destacando la situación «de emergencia social» en relación a la vivienda y el auge de la pobreza energética, y recuerda los compromisos que, en materia de necesidades habitacionales y energéticas básicas, han asumido los gobiernos de España y Catalunya.

Su articulado recopila, en síntesis, tres medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual, dos contra la pobreza energética ligada a los problemas habitacionales, dos medidas para garantizar la función social de la propiedad y facilitar un acceso asequible a la vivienda, y una propuesta para que el gasto en vivienda y suministros no suponga más de un 30% de los ingresos familiares en supuestos como los que se quieren combatir en los artículos anteriores (desahucios con riesgo de carencia de vivienda, casos de pobreza energética y casos de vulnerabilidad por problemas de acceso a una vivienda asequible).

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