Los incidentes durante Multireferèndum se saldan con 23 imputados

Ocho voluntarios han sido citados por delito electoral
Multireferèndum
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Los promotores del Multireferèndum han lamentado este miércoles que un proyecto encaminado a dar voz a la ciudadanía mediante sufragio acabara con 23 imputados. «Ante un régimen que se deshace, iniciativas de participación se tendrían que valorar y premiar, y no castigar», ha manifestado uno de los portavoces de la plataforma, Gerard Batalla, en rueda de prensa ante el Parlamento.

Hay 23 personas imputadas por formar parte de las mesas del Multireferèndum. Cuatro en Olot que fueron citadas a declarar por desobediencia a partir de una denuncia de la guardia urbana, y que acabaron pagando una multa simbólica. En Vic, una decena de personas han sido juzgadas también por desobediencia a partir de una denuncia de los mossos de esquadra. Su proceso ha acabado con una sanción de 20 euros. En Castelló d’Empúries, una voluntario a quién retiraron la urna está pendiente de juicio.

En Berga, Santa Coloma de Cervelló, Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d’Anoia, ocho personas han sido citadas por un delito electoral, a raíz de las denuncias de apoderados.

Los representantes han criticado la actitud de Interior porque consideran que los cuerpos de seguridad «tendrían que haber actuado con mucha más prudencia» a la hora de interrumpir un ejercicio encaminado a dar voz a la ciudadanía.

A pesar de que 148 mesas fueron obligadas a cerrar y se requisaron cinco urnas que no han podido ser recontadas, hasta 37.495 personas votaron, entre el 17 y el 25 de mayo, en alguna de las 271 mesas dispuestas en 120 localidades. Gana por mayoría la exigencia de una agricultura sin transgénicos, la opción de referéndum vinculante para ILPs, el control democrático directo sobre el sector energético y la oposición a la MAT y al BCN World.

A la vez que los representantes del Multireferèndum concretan, en una asamblea que se celebrará en las próximas semanas, las acciones relacionadas con la convocatoria 2014; exigen al Parlamento y a las instituciones locales con competencias en las materias tratadas en el cuestionario «que legislen de acuerdo con las voluntades expresadas y dejen de hacerlo a favor de los lobbys económicos».

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