Dos semanas después de enseñar su mejor cara, Iberpotash, el gigante de la minería que opera en el Bages, era portada por la inversión de 800 millones de euros del plan Phoenix en Catalunya, este martes han quedado en entredicho las buenas prácticas de la empresa israelí, después de que la Fiscalía pida hasta tres años y medio de prisión para tres exdirectius por un presunto delito ambiental.
A principios de diciembre se iniciará el juicio para tres ex directivos, Rafael Eduardo S.I., Antonio S.E. y Ramón M.G, para quien la Fiscalía pide entre 3 y 3,5 años de prisión, además del coste económico de la recuperación ambiental de la zona.
Ni fiscal, ni acusación particular ni, por supuesto, el colectivo ecologista l’Alzina (la Encina), consideran que Iberpotash tomara las medidas necesarias para evitar la contaminación de la cuenca del Llobregat. «Tanto la explotación minera de Súria cómo de Sallent provocaron que aquellos vertidos no autorizados tuvieran que afectar muy negativamente a las aguas superficiales y subterráneas», sostiene el fiscal.
No será la única causa contra Inerpotash. El activista Sebastià Estradé ha denunciado tanto a la empresa como la Generalitat por delitos relacionados con la prevaricación ambiental y la pasividad a la hora de hacer frente al problema de los vertidos.