Dada la estrecha relación que, desde hace tres décadas, existe entre el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el ‘caso de los DNI’ puede convertirse en un grave quebradero de cabeza para el Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado 3 de marzo, el diario de José Manuel Lara publicó las fotografías de los 33 jueces que dan su apoyo al referéndum independentista de Catalunya, de las que 25 procedían de su DNI particular.
Los jueces denunciaron que estas fotografías sólo podían proceder de las bases de datos policiales e interpusieron una denuncia por esta insólita intromisión en su privacidad. El ministro Fernández Díaz insinuó que las fotos podrían haber sido facilitadas por los Mossos d’Esquadra, pero esta absurda conjetura ha sido desmentida por el informe policial requerido por el titular del juzgado n. 22 de Barcelona, que instruye el caso. Ahora se ha determinado que las fotos se obtuvieron desde dependencias del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, Barcelona y Alcalá de Henares y se ha identificado a los cuatro policías que accedieron a la base de datos.
¿Qué hará ahora el titular del juzgado n. 22? ¿Imputará a estos cuatro policías? ¿De quién recibieron instrucciones para facilitar estas fotografías del DNI que acabó publicando el diario La Razón? El «affaire» es muy delicado y puede poner en la picota no sólo al inefable Francisco Marhuenda, sino a su «amiguito del alma» Jorge Fernández Díaz o, en su defecto, al director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
