En el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz donde se imputa a la ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, por un presunto delito de blanqueo de capitales se hace mención de un listado de 17 empresas que, en los ejercicios comprendidos entre los años 2004 y 2012, habrían efectuado importantes pagos a varias sociedades controladas por esta pareja. A pesar de que el magistrado no especifica las cantidades, en todos los casos se trata de importes superiores a los 200.000 euros.
De las 17 empresas que pagaron supuestos «servicios profesionales» al hijo primogénito del Molt Honorable hay una que, estos días, está precisamente de actualidad. Se trata de la compañía GBI Services SA, con sede en Lloret de Mar y que preside el empresario Gustavo Buesa Ibáñez. Ese es un nombre a retener porque, sin duda, dará mucho que hablar en las semanas que vienen.
El vertedero de Vacamorta
Gustavo Buesa Ibáñez ha construido, desde Lloret, un imperio empresarial dedicado a la recogida y al tratamiento de desechos urbanos e industriales. Controla una treintena de sociedades que se encargan de la limpieza de varios municipios y de la gestión de vertederos de residuos. Aparece involucrado en el sumario del caso Clotilde, por el cual está imputado el ex alcalde de Lloret y diputado al Parlamento de Cataluña Xavier Crespo, que le adjudicó, deprisa y a salto de mata, el contrato de recogida de basura y limpieza de esta ciudad por un importe de 80 millones de euros.
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