Francesc Xavier Reinaldos forma parte del consejo nacional de Convergència (CDC), ha sido primer teniente de alcalde de Rubí y, desde el mes de marzo pasado, ejerce como adjunto del jefe de gabinete del consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig. Hasta aquel momento, Reinaldos, economista de profesión, se había dedicado a la empresa privada como asesor medioambiental de Petra Consultoría, propiedad de Joan Franquesa, ex vicepresidente del Barça, y con anterioridad, de 1994 a 2006, había sido gerente del Celler Cooperatiu de Vilafranca del Penedès y director de su sección de crédito. Precisamente, un grupo de ex socios cooperativistas se ha querellado contra Reinaldos por conducir esta histórica entidad a la desaparición.
Cuando Felip Puig lo incorporó el marzo pasado como cargo de confianza en el departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Reinaldos ya estaba imputado y, cuatro meses después, el fiscal pedía para él, así como para Albert Pinyol, el ex director financiero de la cooperativa, unas penas de 6 años de prisión por los presuntos delitos societarios de falsedad documental y administración fraudulenta.
En una resolución del 6 de noviembre pasado, la jueza María Teresa Rodríguez, del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Vilafranca del Penedès, declara la apertura de juicio oral, para el cual todavía no se ha fijado fecha, y dispone severas medidas cautelares para los dos imputados: una fianza de 255.000 euros, para cubrir las posibles responsabilidades contraídas con los siete ex socios querellantes, y otra de 1,8 millones de euros, para la cooperativa Covides, que se quedó con el antiguo Celler Cooperatiu de Vilafranca del Penedès y sus deudas.
No eran beneficios, eran pérdidas
Según el relato de la fiscalía, Reinaldos y Pinyol supuestamente falsificaron las cuentas anuales del Celler Cooperatiu correspondientes a los ejercicios de 2003 y 2004, en los cuales presentaron unos beneficios de 27.466 y 42.725 euros, respectivamente, cuando en realidad se produjeron unas pérdidas de cerca de 3 millones y de más de 700.000 euros en aquellos dos años.
Las acusaciones y la fiscalía mantienen que los dos imputados presuntamente falsificaron documentos de la auditoría y ocultaron información fiscal relevante tanto al consejo rector del Celler como a la empresa auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) y a los organismos de inspección de la Generalitat. Además, habrían favorecido a dos proveedores, que son padre e hijo, en el precio pagado por la uva que les vendieron y en los intereses pagados por los depósitos de la sección de crédito.
LEE EL ARTÍCULO COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE ESTA SEMANA
