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Rajoy blinda el proyecto de Sheldon Adelson

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Enric Arqués

Periodista. Licenciado en Periodismo y he cursado un Master en Periodismo Avanzado - Reporterismo. Antes a Onda Rambla - Punto Radio, Europa Press Cataluña, Onda Cero Barcelona y ahora en el diario digital El Triangle. He seguido y sigo la actualidad política, así como el mundo de los Tribunales. Periodista. Llicenciat en Periodisme i he cursat un Màster en Periodisme Avançat - Reporterisme. Abans a Onda Rambla - Punto Radio, Europa Press Catalunya, Onda Cero Barcelona i ara al diari digital El Triangle. He seguit i segueixo l'actualitat política, i també el món dels Tribunals. 
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El BOE publicó la semana pasada, en el marco de una Comisión Bilateral de Cooperación entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, una serie de acuerdos para satisfacer las exigencias de Sheldon Adelson, el promotor de Eurovegas. Lo más importante, según ha destacado El Confidencial, es el blindaje del macroproyecto de juego y ocio ante un posible futuro cambio de gobierno autonómico.

 

Entre estos acuerdos no aparece, de momento, la voluntad de suavizar la ley antitabaco para permitir fumar en algún recinto de los casinos. Este punto es una de las principales demandas que reclama el magnate de Las Vegas Sand antes de impulsar definitivamente el proyecto. Lo que sí ha hecho el ejecutivo de Rajoy, a través de esta disposición, es evitar posibles interferencias legales de los partidos de la oposición cuando los impulsores de Eurovegas se instalen en Madrid. De hecho, desde el PSOE madrileño, Tomás Gómez ya ha manifestado la intención de abortar el plan de Adelson si su partido se hace con la alcaldía de la capital española.

 

Entre los acuerdos y disposiciones aprobadas por el Gobierno de Rajoy hay algunas que  hacen referencia a los terrenos que necesita el magnate norteamericano para sacar adelante su megaproyecto. El objetivo del ejecutivo del PP es hacer una expropiación por etapas de los terrenos a medida que avance la construcción del proyecto. Esta Comisión Bilateral entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid ya ha enviado esta resolución al Tribunal Constitucional (TC) para evitar que algún grupo opositor presente un recurso al proyecto

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