La exhibición de fuerza mostrada en Salt (Girona) por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), donde se reunieron un millar de personas para detener la orden de desalojo de un bloque ocupado por 16 familias, ha servido a sus activistas para reclamar una reunión urgente con la Generalitat y la entidad propietaria del inmueble, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), para negociar el alquiler social de pisos vacíos para ciudadanos que se han quedado sin techo.
Además de la movilización -unas 800 personas procedentes de toda España pasaron la noche en el bloque ocupado-, la PAH cuenta con la resolución del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo que detiene temporalmente la orden judicial de desahucio. Una medida cautelar que, según los activistas, supone un «toque de atención» a las administraciones españolas y «exige un cambio radical en la política de la Sareb».
Estrasburgo ha dado de plazo hasta este 24 de octubre para que el Gobierno de España exponga cuáles son las medidas que las autoridades pretenden implementar para prevenir la vulneración de los artículos que defienden el derecho a un domicilio, y que están recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos.
Benet Salellas, abogado de la defensa, ha explicado que el Tribunal pide al Ejecutivo de Rajoy que explique «qué medidas piensa tomar» con las personas que viven en el bloque de Salt, si son desalojadas. En cualquier caso, la resolución europea es un motivo de celebración para el abogado, porque se trata de un «precedente» por vía penal que «puede ayudar a paralizar situaciones parecidas», en que los inquilinos de un inmueble en desuso propiedad de un banco reciben una orden de desalojo.
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