Era una de las cuestiones más trascendentes, pero de momento se ha quedado sin respuesta, El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no ha aclarado si el Estado tendrá que compensar a las empresas promotoras del proyecto Castor, cuyo coste previsto ronda los 1.700 millones de euros, en caso de que no entre nunca en funcionamiento.
Soria ha comparecido este jueves en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación del almacén subterráneo de gas de la compañía Escal UGS, integrada en el grupo de la constructora ACS propiedad de Florentino Pérez.
El proyecto se encuentra paralizado por orden del mismo Soria debido a los centenares de seísmos, dos de ellos por encima de los 4 grados en la escala de Richter, producidos como consecuencia de las inyecciones de gas, que han provocado la reacción en contra de los vecinos de las poblaciones del Baix Maestrat y las Terres de l’Ebre, así como de entidades ecologistas y de la sociedad civil. Según Soria, no se reanudarà «hasta que no se tenga la certeza de que la instalación es segura».
El ministro ha explicado que el almacenamiento de gas se considera un coste de sistema que se retribuye mediante la tarifa cuando entra en funcionamiento. La empresa gestora, Escal UGS, tiene garantizada una retribución de 1.273 millones, a los que se añadirían varios conceptos por costes previos a la puesta en marcha, de forma que el coste total del proyecto estaría alrededor de los 1.700 millones.
Lo que ahora está por ver es quién se hará cargo de esta cantidad si el proyecto se para definitivamente por los inéditos movimientos sísmicos que ha causado desde que empezaron las inyecciones de gas.
