Carlos Fabra, por fin a juicio

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 13 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón por el caso Naranjax
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Después de muchos de años, el expresidente de la Diputación de Castellón y del Partido Popular (PP) de esta demarcación, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo de los acusados en un juicio que empieza este miércoles, acusado de un delito de tráfico de influencias, cohecho y de cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el caso Naranjax. La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 13 años de prisión.

 

El juicio llega después de cerca de 10 años de instrucción de un caso que ha estado lleno de recursos y de cambios en el juzgado de Nules (Castelló) encargado de llevar la causa, donde han pasado hasta nueve jueces. Después de una larga espera Carlos Fabra se enfrenta a la petición de 13 años de prisión de la Fiscalía Anticorrupción, que también reclama una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros.

 

La Fiscalía no es la única parte que figura como acusación en el juicio, porque también se ha presentada a la causa la Unión de Consumidores y la Abogacía del Estado. Fabra está acompañado en el banquillo de los acusados de su ex mujer, Amparo Fernández, así como el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de este último, Montserrat Vives.

 

Fabra llega al juicio oral siendo secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón. En junio de 2010 dejó la presidencia de la Diputación de esta provincia después de 16 años de mandato, y en julio de 2012 dejó de dirigir el PP de Castellón. También presentó la dimisión como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón -todavía vacío- después de que se abriera el auto de apertura del juicio oral.

 

El caso Naranjax se remonta en diciembre de 2003 cuando el empresario Vicente Vilar, que entonces era propietario de la firma Naranjax y amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados. Vilar acusaba al expresidente de la Diputación de Castellón de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. Más adelante, en 2005, la Agencia Tributaria denunció a Fabra por un presunto fraude fiscal que el juzgado de Nules admitió a trámite.

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