Los hechos de Blanquerna, cuando una docena de ultraderechistas irrumpieron con empujones, gritos y gases lacrimógenos en la delegación de la Generalitat en Madrid en plena Diada, son más que un incidente, tal como los considera el ministro del Interior, el popular Jorge Fernández Díaz, porque significan la presentación en público de una plataforma de extrema derecha nacida para tener impacto mediático y electoral: la España en Marcha (LEM), que reúne formaciones como la Falange, Alianza Nacional, Democracia Nacional, Nudo Patriota, Acción Nacional Revolucionaria, Vieja Escuela y Respuesta Estudiantil.
En las tres últimas décadas, en la extrema derecha política eran pocos y malavenidos, pero ahora se ha producido un cambio porque si bien siguen siendo una minoría marginal, se han organizado en una plataforma que reúne una multitud de grupúsculos con la intención de tener incidencia social, tanto en la prensa como en las urnas. Fuentes policiales señalan a este semanario que los hechos de Blanquerna no son una gamberrada más de los ultras, sino «una carta de presentación».
El manifiesto del 18 de julio
La España en Marcha se constituyó el 18 de julio pasado, una fecha que para ellos está cargada de simbolismo, cuando difundieron un manifiesto conjunto de las entidades fundadoras: «Llamamos a eliminar y a dejar de lado aquellas pequeñas diferencias que nos separan, sacrificando cuestiones secundarias, para unirnos en lo fundamental, sumando ideas y sentimientos en torno a la integridad e independencia de nuestra patria, manteniendo su unidad y su vocación de nación respetada».
El asalto a la delegación de la Generalitat fue una acción premeditada, calculada, planificada para conseguir visibilidad y para atraer adeptos que simpaticen con su defensa de la «unidad de la patria», o lo que para ellos es lo mismo, con su cruzada contra el separatismo catalán. Sabían que si no se producían heridos de consideración entre el público de la delegación madrileña de la Generalitat, las penas que les impondrían serían leves, que no pasarán de una multa -de 300 a 900 euros- a pesar de que se les acusa de delitos como los de amenazas, lesiones y atentado.
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