Macroprostíbulos y soborno policial. El juicio sobre los conocidos macroprostíbuls -ahora cerrados- Saratoga y Riviera ubicados en Castelldefels ha empezado este lunes con la declaración de uno de los principales acusados. Se trata del Inspector Jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Policía, José Javier Martin Pujal, acusado de cobrar comisiones a los responsables de los macroprostíbulos a cambio de información policial.
Esta antiguo mando policial se ha sometido a las preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, y en sus respuestas ha negado haber pedido comisiones a los burdeles para avisarlos de las operaciones policiales. Las conversaciones telefónicas pinchadas muestran como Martin Pujal negocia con los propietarios de los prostíbulos una cantidad para avisarlos antes de una redada policial. Él dice que todo esto lo hacía porque estaba infiltrado para obtener más información, a pesar de que nunca lo comentó a sus superiores.
El Inspector Jefe de la Brigada de Extranjería se reunió con los propietarios de los macroprostíbuls y les comentó que «sería razonable» cobrar la mitad de lo que había cobrado un jefe superior suyo que estaba presuntamente implicado en esta trama de soborno policial.
El director del Club Saratoga, Carmelo Sanz, ha declarado que el único que los extorsionó fue el Inspector Martin Pujal y ha negado que hubiera una relación con la policía para recibir información sobre cuando serían los registros, para proceder a esconder las chicas ilegales que trabajaban en el prostíbulo. Este responsable del Saratoga ha insistido a negar los hechos que sostiene el fiscal a pesar de las conversaciones telefónicas que se han escuchado en el juicio que ponen en entredicho sus argumentos.
Según el escrito del ministerio fiscal, los propietarios y encargados de Riviera y del Saratoga se lucraron de 2002 a 2008 de la explotación de mujeres que estaban en situación irregular. Un negocio que se vio favorecido por las informaciones que recibían de la cúpula que dirigía en aquellos momentos la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, que dependía de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental. El fiscal pide de 3 a 44 años de prisión para los 20 acusados que declararán en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona.