El Gobierno catalán ha aprobado este martes el decreto por el cual se transforma el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) en el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que permitirá dar mayor celeridad en la tramitación de los recursos que son de su competencia y hacer frente al gran número de recursos que se presentan.
Sin estar sujeto «a ningún vínculo jerárquico ni a instrucciones de ningún tipo de los órganos de las administraciones publicas afectadas», el cambio de la composición del ente llega después de ser justamente el que falló contra la concesión de la gestión de la empresa pública Aguas Ter Llobregat (ATLL) a Acciona , que ahora estudian los Tribunales.
El ente, que inicialmente fue creado con carácter unipersonal serà transformado en colegiado con la denominación de Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y pasaría de uno a tres miembros.
«Si todo esto estorbara sería el momento para regatearlo, con excusa de los recortes», ha dicho el consejero de Presidencia, Francesc Homs, para justificar el decreto en base al intento del Ejecutivo para mejorar la transparencia y las buenas prácticas en el ejercicio de los servicios públicos.
El portavoz ha considerado «bien gastados» los 100.000 euros anuales que costará el despliegue del decreto.
