El único empresario catalán que ha amenazado a la Generalitat con irse de Catalunya si logra la independencia ha sido el editor José Manuel Lara Bosch. Ninguna de las 1.060 empresas que en los últimos tres años han optado por trasladarse en Madrid han aducido argumentos secesionistas. Ni Arbora-Ausonia, ni Cobega, ni Kiluva (Naturhouse), ni Schlecker, ni Deutsche Bank…
Ni el discurso del consejero de Economía de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio, aludió, durante la presentación del informe sobre el éxodo de empresas catalanas que han trasladado la sede fiscal a la capital del Estado, a la supuesta inquietud empresarial ante la también supuesta incertidumbre fiscal que provoca el auge soberanista.
Así lo ve también el consejero catalán de Empresa y Ocupación, Felip Puig, quien el pasado miércoles afirmó que las empresas de Catalunya marchan hacia Madrid atraídas por los «beneficios de capitalidad». El dirigente miraba de contrarrestar el anuncio del éxodo de empresas catalanas con una información del Financial Times, según la cual Catalunya es la segunda región europea que ha recibido más inversión extranjera durante los seis primeros meses de 2013, el triple que Madrid. Pero el cierto es que la fuga de empresas existe.
Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
La Generalitat ha incrementado el tipo impositivo de los actos jurídicos documentados para documentos notariales (del 1,2 al 1,5%) y el tipo aplicable en los casos que se haya producido la renuncia a la exención del IVA del 1,5 al 1,8%.
Madrid bonifica el 95% de la cuota en aquellas operaciones sujetas a estos impuestos, y que estén relacionadas con la puesta en marcha de los centros integrados de desarrollo.
Impuesto sobre el patrimonio
En Catalunya, el mínimo exento, con efectos de 31 de diciembre de 2012, es para patrimonios a partir de los 500.000 euros anuales, y regula la escalera del impuesto con tipos marginales superiores a los fijados a la escalera supletoria del Estado. En principio, el departamento de Mas-Colell ha anunciado que el restablecimiento de este tributo es temporal, hasta finales de 2013.
La comunidad de Madrid es la única que no ha recuperado el impuesto sobre el patrimonio, a pesar de que sería la más beneficiada. El 2008, el último año en qué todas las regiones recaudaron este impuesto, la capital del Estado ingresó el 30% de los 2.212 millones recaudados en todo España. El impuesto se paga en función de la residencia fiscal, con independencia del lugar donde se ubique la riqueza. Un contribuyente que viva en Madrid y sea propietario de una fortuna en inmuebles en Barcelona, no pagará el tributo porque la Comunidad de Madrid mantiene la bonificación del 100%.
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