Una de las medidas anticrisis que pone de acuerdo a la mayoría de grupos parlamentarios catalanes es la supresión de niveles administrativos territoriales para evitar duplicidades. Pero la aprobación del anteproyecto de ley de gobiernos locales, ocho meses después de que Convergencia haya iniciado su segundo mandato, demuestra que la reforma de la administración local no está entre las prioridades del actual Ejecutivo autonómico.
Esperando que la futura ley se fortalezca en septiembre, cuando se inicie su tramitación parlamentaria, algunos diputados que ejercen cargos municipales en sus poblaciones ya han expresado su decepción, con la esperanza de poder subsanar el articulado antes de su aprobación definitiva en la Cámara legislativa del parque de la Ciutadella.
Siguiendo la vía de la eficiencia y el ahorro, los catedráticos de Hacienda Pública del Instituto de Economía de la UB, Albert Solé y Núria Bosch, quien además es vicepresidenta del Consejo Asesor para la Transición Nacional, han publicado un informe que considera clave la fusión de municipios hasta conseguir una unidad territorial administrativa de entre 5.000 y 10.000 habitantes.
Fusiones hasta 8.000 habitantes
Esta misma línea es la que avala el Consejo de Europa, que considera necesario un mínimo de 8.000 personas para que un pueblo sea viable económicamente. Una consecuencia del cumplimiento de esta premisa, aportada por el informe de este ente europeo, sería la mejora del «nivel de capital humano», que conllevaría retribuir mejor a los cargos públicos con el dinero ahorrado por la fusión.
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