Basándose en una directiva de servicios de la Unión Europea, el Govern de la Generalitat rechaza valorar la conveniencia del futuro el outlet de Viladecans por el prejuicio económico que puede representar para el pequeño comercio de aquella zona del Baix Llobregat. Mientras el Ejecutivo se ampara en la normativa continental para no responder, la Confederación del Comercio de Catalunya estudia emprender acciones porque considera el procedimiento ilegal.
«El impacto de una nueva implantación sobre la oferta preexistente no puede constituir un factor de valoración para resolver una solicitud de licencia comercial«, es la respuesta parlamentaria que da el consejero de empresa y Ocupación, Felip Puig, preguntado por el impacto del nuevo centro comercial de fabricantes de Viladecans en los pequeños establecimientos.
La respuesta añade que la Directiva, el Decreto Ley 1/2009, de ordenación de los equipamientos comerciales, no prevé el «test económico» como elemento que pueda ser tenido en cuenta para decidir el otorgamiento o no de una licencia comercial.
Puig, que el 22 de julio daba esta respuesta por escrito al Parlamento, había declarado la semana anterior que el outlet «no forma parte de nuestro modelo de desarrollo«. La valoración de consejero choca con la facilidad para atorgar licencias y la falta de estudios del Govern para garantizar la supervivencia del pequeño comercio de la zona.
La Confederación del Comercio de Catalunya y los sindicatos han cuantificado en 1.500 la destrucción de puestos de trabajo en la comarca por causa del nuevo complejo.
La asociación recela de la facilidad del Ejecutivo para otorgar las licencias y estudia la presentación de un recurso administrativo contra el Govern de la Generalitat por dilucidar la legalidad del procedimiento, por el cual se convirtieron unos terrenos para uso industrial en comerciales.