El caso Clotilde, sobre una supuesta trama de la mafia rusa que habría blanqueado cerca de 60 millones de euros y por el cual figura como imputado Xavier Crespo, diputado de Convergència i Unió (CiU) en el Parlament de Catalunya y exalcalde de Lloret de Mar, se investiga en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y también en un juzgado de Andorra, encabezado por Maria Àngels Moreno, que se ha atrevido a hurgar en las interioridades del sistema bancario de su país.
A raíz de las peticiones de información judicial cursadas por los tribunales de Madrid y Barcelona, la juez andorrana ordenó que se pincharan una decena de teléfonos, incluidos los de algunos gestores de la banca andorrana, tres de los cuales han sido imputados por las autoridades judiciales españolas por considerarlos presuntos cooperadores necesarios en el supuesto blanqueo de dinero, según informa Diari de Andorra.
Fuentes jurídicas conocedoras del caso Clotilde explican que la trama disponía de cuentas en tres bancos del país, especialmente en la Banca Privada de Andorra (BPA), que está en el centro de todas las miradas. Hace unos días, el TSJC tramitó otra comisión rogatoria para averiguar si Xavier Crespo posee cuentas en alguno de los bancos del país. El exalcalde de Lloret declaró el pasado marzo ante el TSJC por el supuesto trato de favor que habría dispensado desde el consistorio al empresario ruso Andrei Petrov.
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