El expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, ha declarado este miércoles como imputado por presunta malversación de fondos y prevaricación en el desarrollo de las obras del nuevo Hospital Sant Pau. En su declaración ante el juez, Prat ha asegurado que cuando llegó al patronato del Sant Pau el proyecto de las obras ya estaba terminado, afirmando que él tan sólo dio su visto bueno.
Josep Prat ante el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona ha explicado que cuando entró el 2000 al órgano de gobierno del Sant Pau, la MIA (Muy Ilustre Administración) ya se había adjudicado la primera fase de las obras y que los informes técnicos avalaban la adjudicación sin concurso. Un procedimiento que también se usó para la segunda fase. El expresidente del ICS ha declarado que cuando empezó la tercera fase de las obras él ya no formaba parte de la MIA.
Según la interlocutoria judicial las obras costaron en total 217 millones de euros y se desviaron presuntamente 38,5 millones. El abogado de la defensa argumenta que «es normal» que en este tipo de obras haya un incremento del coste final respecto a la previsión inicial.
Este miércoles también ha declarado como imputado el exgerente del Sant Pau y actual director de la Autoridad del Transporte Metropolitano, Josep Anton Grau. Preguntado sobre el encarecimiento del nuevo edificio, Grau ha usado la misma justificación planteada por los abogados, consistente en señalar la gran dificultad para calcular con precisión el coste final de las obras.
Uno de los temas que han provocado mucho debate sobre las obras es el uso de dinero público y su destino final. El abogado defensor de la Fundación Privada del Sant Pau, Josep Maria Fuster Fabra, ha asegurado que no entró dinero público para las obras del hospital hasta el 2003, cuando la Generalitat concedió un crédito sindicado. Con este argumento la defensa sostiene que en ningún caso puede haber un delito de malversación de fondos públicos. En este sentido, recuerdan que el proyecto se inició con dinero privado proveniente de la venta de patrimonio de la Fundación Privada del Sant Pau.
Una versión que contradice la abogada de la acusación popular y presidenta del comité de empresa del Hospital Sant Pau, Carme Pérez, apuntando que no hay constancia en las cuentas de la Fundación Privada de que las primeras fases de las obras se pagaran con fondos privados y sin aportaciones públicas.