Se han cumplido los peores presagios y la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno español la devolución de cerca de 3.000 millones de euros que se concedieron como ayudas para el sector de la construcción naval entre 2007 y 2011.
El dinero deberá salir de las entidades financieras que aportaron el dinero para costear la construcción de los navíos, pero ello repercutirá negativamente en los astilleros privados españoles, en los que trabajan 87.000 personas. La Comisión Europea ha conminado al Gobierno español a que se encargue él mismo de cuantificar el dinero a devolver, por considerar que se trataba de competencia desleal.
El sector de los astilleros, muy golpeado por la crisis, lamenta que esta decisión puede ser el golpe final a la industria. La Comisión Europea considera que el sistema de ayudas español, que se puso en marcha en 2002, vulnera la normativa europea, tal y como lo hacía un programa francés similar que ya fue retirado por el mismo motivo en 2007. Precisamente, ese es el motivo por el cual Bruselas sólo pide la devolución de las ayudas desde 2007, pues considera que hasta esa fecha se desconocía que fuera ilegal.