«Un traje a medida». Así define la Fiscalía Anticorrupción la venta de los terrenos públicos de Can Domenge a la inmobiliaria catalana Sacresa por parte del Consell Insular de Mallorca, una operación donde la cúpula de Unión Mallorquina (UM) se repartió un soborno de cuatro millones.
El Ministerio Público ha mantenido la petición de seis años de prisión para la expresidenta del Consell, Maria Antònia Munar, y ha rebajado de seis a cuatro años la del exvicepresidente, Miquel Nadal.
En el juicio que se celebra en la Audiencia de Palma también están acusados los exconsejeros insulares de Territorio y Economía, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, y el propietario de Sacresa, Roman Sanahuja.
Tanto el consejero Vicens como el constructor Sanahuja han visto considerablemente rebajadas sus penas, por debajo de posibles condenas de prisión, después de colaborar con la Justicia para destapar la trama.
Los dos explicaron como el Consejo Insular adjudicó los terrenos a Sacresa por 30 millones, a pesar de que otra constructora catalana, Núñez y Navarro, ofrecía el doble. El motivo fueron cuatro millones de euros en negro.
Dos millones sirvieron para financiar el partido y los otros dos se los repartieron Munar, Nadal y Vicens. «Un desprecio total de las normas admnistratives y legales de contratación pública en perjuicio del interés general», según el fiscal anticorrupción, Juan Carrau.
Carrau ha asegurado que Munar es responsable de los hechos «desde el principio hasta el final» puesto que es «la competente, la que decide quién ejecuta las cosas». No en vano, mientras se aliaba indistintamente con PP o PSIB para mantener el control del Consejo Insular durante tres legislaturas, en Mallorca la conocían como ‘Sa princesa’.
