Los Mossos d’Esquadra no podían faltar a la cita con esa precisión oportunista que se ha convertido en la especialidad de un sector del cuerpo que, con la camiseta laportista puesta desde hace años, no duda en provocar un incendio que atraiga el foco mediático cuando la directiva necesita una distracción. El jueves pasado lo volvió a hacer filtrando a los canales habituales e intoxicando la actualidad azulgrana un informe sobre el Barçagate según el cual el expresidente azulgrana Josep Maria Bartomeu habría engañado a PricewatherhoseCooper (PwC), ocultándole información y manipulando, además, las conclusiones del informe independiente encargado por la propia junta sobre el caso. El informe debía determinar si se produjeron irregularidades, negligencias o conductas inapropiadas en la contratación y en los servicios de Nicestream para defender la imagen institucional del Barça en las redes sociales.
En realidad, el Barçagate ya empieza a no interesarle a demasiada gente, pues, de hecho, la opinión pública, condicionada por una prensa mayoritariamente laportista, ya condenó anticipadamente a Bartomeu por lo que fuera que hiciese, como enviar tuits, con independencia de lo que algún día pueda decidir la justicia sobre la verdadera naturaleza de los hechos.
Aun así, se ha convertido en una herramienta recurrente del laportismo cuando se tuercen las cosas, como ocurrió con la dimisión del vicepresidente económico Eduard Romeu -otra traumática fuga, más por la forma que por el fondo-, capaz de empañar incluso los días posteriores de alegría y hasta de euforia por la clasificación del equipo de Xavi para los cuartos de final de la Champions League. Era inevitable, por teatral y edulcorada que acabara siendo la salida, relacionar la marcha de Romeu con la veintena larga de altos cargos que se han evadido de la casa de los horrores en que se ha convertido el Barça de Laporta, un reino de improvisación y de despiporre, especialmente grave en el ámbito económico y financiero.
Por eso, al mismo tiempo, alguien apretó de nuevo el botón del pánico para que, una vez más, los Mossos se sacaran de la manga otro de esos informes suyos que, al menos hasta ahora, solo han servido para debilitar la acusación y desgastar la propia credibilidad de la investigación y de la instrucción. Otro informe colateral que, desde luego, no acaparó ni el diez por ciento de la atención periodística del día, precisamente porque ya van demasiados informes adulterados, con más imaginación y fantasía que indicios reales, como para darle mucho más recorrido. Ya empieza a ser un truco demasiado viejo y gastado.
Este tipo de actuaciones ha sido una rutina inalterable en el desarrollo procesal del llamado Barçagate, aquel escándalo destapado en torno al envío tuits contra algunos personajes del entorno por parte de Josep Maria Bartomeu, si bien hasta ahora no se han aportado a la causa indicios fehacientes sobre la vinculación del entonces presidente con el encargo realizado por su principal asesor, Jaume Masferrer, a Nicestream, sociedad especializada en el análisis, monitorización y acciones reputacionales de las redes, en este caso para mejorar la imagen del FC Barcelona.
En un auto previo, con motivo de una querella colateral presentada por Jaume Roures contra Josep María Bartomeu por injurias y calumnias, inicialmente desestimada, la magistrada del caso dudaba de la autoría y responsabilidad del presidente en esa presunta trama que, precisamente, los Mossos d’Esquadra habían de fundamentar y de demostrar basándose en la enorme cantidad de información incautada en una redada histórica que, no por casualidad, se produjo hace tres años, el 1 de marzo de 2021, al inicio de la última semana de la campaña electoral que proclamaría a Joan Laporta presidente por segunda vez en la historia.
Desde entonces, transcurrido un periodo de tiempo sobrado, más que suficiente y sin otras diligencias ni interrupciones, los Mossos no han sido capaces de concluir el informe definitivo que debería servir de base a la magistrada para abrir juicio oral, si así lo considera, determinando la tipología y alcance de los delitos y los hechos procesales que los sustentan.
Ahora mismo, la causa ha entrado en el enésimo periodo de ampliación de la fase de instrucción debido a que, sin las conclusiones de la investigación policial, los acusados, como es lógico, no piensan declarar ni ponerse delante de la jueza ni de los abogados de la acusación. Sobre esta última incidencia, lo que ha publicado El País -esta vez no ha sido el canal directo de la SER, aunque todo se ha quedado en el mismo grupo editorial para disimular- es la conclusión de los Mossos apuntando a que Josep Maria Bartomeu había manipulado datos para que le resultara favorable la auditoría encargada a PriceWaterHouseCoopers (PWC), considerando la policía autonómica que, como el club pagó 400.000 euros por su elaboración, cabe ampliar a los delitos iniciales otro de administración desleal. Se detalla y fundamenta esta acusación en una serie de mensajes de WhatsApp entre Bartomeu y el CEO, Òscar Grau, en los que el presidente le indica retocar un párrafo del documento como mayor prueba y demostración de los hechos.
El problema para los Mossos, además de que la magistrada no le ha comprado los anteriores relatos sobre tramas de pagos a periodistas y revelación de secretos, es que en ese mismo intercambio consta el documento a corregir, que no es otro que la nota de prensa del FC Barcelona de la presentación del informe de PwC. Es decir, un texto propio del club y en ningún caso hace referencia al contenido de la auditoría. Lo que parece una metedura de pata ha sido rápidamente replicado por la defensa del expresidente en un escrito en el que, además de esclarecer el verdadero sentido de esos mensajes, acusa a los Mossos de «manipulación y falsedad», recordando que en la instrucción se han registrado «precedentes» similares de alteración e interpretación perversa de pruebas que han le han obligado a rechazar «oficios remitidos por el cuerpo policial. No obstante, esta vez no se trata solo de emitir una vez más un informe que nadie ha solicitado, sino que lo que se hace es manipular abiertamente la única comunicación que se considera relevante haciendo ver que el Sr. Bartomeu pide eliminar una frase del Informe de Price cuando en realidad lo que está haciendo es un matiz sobre un comunicado de prensa».
Finalmente, eleva el tono y afirma que los Mossos han «tratado literalmente de engañar» a la jueza, por lo que solicita la no admisión del informe en la causa y no descarta ejercer otras «consideraciones o acciones que pudieran ejercerse en su momento», como sería denunciar formalmente al cuerpo por esa tentativa, acumulada, de manipulación de las pruebas. A lo mejor Bartomeu acaba dando el paso ante un hecho tan flagrante que solo tiene un objetivo, hallar una vinculación directa de Bartomeu con la pretensión de los querellantes de demostrar que fue él quien solicitó a Nicestream ir más allá, si es que lo hizo, de la defensa institucional y limitada de positivar la gestión de la junta. Como los Mossos no la han encontrado, tres años después de hurgar en todo el material y de utilizarlo negligentemente en una investigación proactiva, la defensa de Bartomeu considera que esta vez han ido demasiado lejos en ese intento fallido de demostrar ese nexo. Puede que si no lo encuentran es porque no existe.
