Los sindicatos de la función pública de Andorra han pedido a la Fiscalía del país de los Pirineos que investigue si se cumple la Ley de contratación pública por si el gobierno andorrano incurrió en infracciones que podrían ser penales en relación a las adjudicaciones directas otorgadas a la empresa familiar del jefe de gobierno, Toni Martí: Societat de programació i anàlisis informàtiques (SPAI). El presidente del sindicato policial CFPA, Salvador Prieto, ha manifestado que «una de las funciones de los funcionarios es velar por que las acciones de la administración se ajusten a la norma».
Prieto ha solicitado al Ministerio Público «que se investigue en qué circunstancias se han dado estas adjudicaciones» y puntualiza que «no es porque sea quién es», en referencia al jefe de gobierno. En ese sentido ha recordado «que el colectivo de funcionarios ya tiene una causa en el Tribunal de Cortes por un hecho similar dentro del cuerpo de policía».
Tres de las adjudicaciones, las menos cuantiosas, tienen que ver con el departamento de policía. El resto, incluida la última, aprobada el 24 de enero por un montante superior a 110.000 euros, son trabajos que SPAI tiene que hacer para el departamento de Sociedad de Información del Gobierno de Andorra, que dirige Miquel Haro Ricart, quien, a la vez, fue uno de los socios fundadores y primer gerente de la empresa de Ot Martí, hermano del jefe de gobierno y administrador único de SPAI.
Además de un posible delito de tráfico de influencias, tipificado en la última modificación del Código Penal, Martí también podría haber incumplido la actual Ley de la contratación pública, del 9 de noviembre de 2000, por adjudicar directamente los mencionados trabajos al superar los límites económicos fijados en 12.021 euros.
