En Cataluña, por arte y gracia del proceso, nos estamos cargando nuestro templo del rey Salomón, construido sobre los fundamentos de la sabiduría, la fraternidad y la armonía. Miro a mi alrededor y sólo veo crispación, intrigas y destrucción. Me da igual quién ha empezado esta espiral de despropósitos y quién tiene la culpa, si el huevo o la gallina.
No juzgo. Sólo constato los estragos que ha provocado en la sociedad y en la economía catalanas la aventura independentista de la antigua Convergència pujolista desde que, en 2012, Artur Mas decidió romper el amistoso pacto de gobernabilidad que mantenía con el PP y anticipó dos años la convocatoria de elecciones al Parlamento. ¿Por qué lo hizo?
Yo tengo mi interpretación, pero, en todo caso, aquí empezó todo. Los seis años que han pasado desde entonces han sido un permanente y vertiginoso Dragon Khan que ha alterado los nervios de la población –sea independentista o no independentista– y el derecho de la gente a vivir tranquila. Además, nueve familias están castigadas sin la presencia de sus seres queridos, encerrados en las prisiones.
Ya hemos conseguido romper la convivencia pacífica, entre nosotros y con los hermanos de la otra orilla del Ebro. Ya nos hemos indignado y hemos hecho sacar de sus casillas a personas que, legítimamente, tienen derecho a su identidad. Ya hemos insultado y nos hemos tenido que escuchar palabras groseras. Ya hemos organizado grandes manifestaciones tutti colori –de un signo y del opuesto–, ya hemos hecho ondear todas las banderas y ya hemos desempolvado los libros de historia para cargarnos de agravios y de razones para justificar el odio hacia el otro. Hemos intentado apagar el incendio con gasolina y nos hemos inmolado.
Creo que, después de la catarsis vivida, hay una voluntad ampliamente mayoritaria en la sociedad catalana de calmar y reconducir la situación. Que pasa, obviamente, por un horizonte cierto de libertad para los políticos encarcelados. Pero también por la normalización de la actividad parlamentaria y de la dialéctica política, en vísperas de entrar en el ciclo de las elecciones municipales de la próxima primavera.
En esta voluntad pacificadora hay que proceder sin más demora –tal como reclaman con insistencia los sindicatos y los comités profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio– a la renovación de todos los miembros del consejo de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que tienen el mandato caducado. Para cerrar heridas es imprescindible que, como marca la ley aprobada por el Parlamento, estos cargos sean elegidos en un concurso abierto y transparente y ratificados por una amplia mayoría reforzada de la Cámara.
Si conseguimos devolver la credibilidad y la ponderación a los medios públicos de la Generalitat –actualmente, totalmente manipulados y sesgados– habremos ganado una importante batalla para templar los ánimos y empezar a reconstruir los puentes que se han roto.
