La degeneración de la vida política catalana ha llegado a su máxima expresión con la contratación por la Xarxa Audiovisual Local (XAL), un organismo dependiente de la Diputación de Barcelona, de Marcela Topor. Para aquellos que no lo sepan, Marcela Topor es la esposa del presidente de la Generalitat destituido, Carles Puigdemont.
El contrato de la XAL lo ha firmado Francesc Pena, su consejero delegado, un ex-bancario de Taradell que, sin ningún tipo de experiencia en el sector mediático, fue colocado en este cargo por su gran amigo Francesc Homs, por el hecho que son del mismo pueblo. Y es que éste es su único mérito conocido y demostrado: ser de Taradell.
Francesc Pena es un exponente del enchufismo partidista y su gestión en la XAL ha sido un absoluto desastre, que sólo ha conseguido silenciar gracias a las onerosas campañas de publicidad que paga a los medios de comunicación de Cataluña, en especial a los digitales. Entre otras proezas, Francesc Pena se cargó COM Ràdio e instauró el terror de la guillotina en la redacción, liquidando a todos los rojos o sospechosos de serlo, un episodio de limpieza ideológica que ha pasado a los anales de la infamia de Cataluña.
Este siniestro personaje ha contratado, con dinero público, a Marcela Topor para que haga un programa semanal de tertulias en inglés de dos horas de duración por la bonita cantidad de 6.000 euros mensuales. Con todos los respetos hacia Marcela Topor y su trayectoria profesional: ella no es inglesa nativa y los 6.000 euros mensuales que le paga la XAL no tienen ninguna otra explicación que sufragarle sus gastos de manutención, los de las dos hijas de su matrimonio con Carles Puigdemont y de la casa que compraron, con hipoteca, en el campo de golf de Sant Julià de Ramis.
Por supuesto, no hay ningún otro trabajador de la XAL que se embolse tanto dinero por ocho horas mensuales de trabajo. Marcela Topor fue contratada a finales de diciembre hasta el próximo mes de junio. Estamos a mediados de marzo… ¡y todavía no se ha emitido ningún programa!
Se trata de un inaudito caso de morro que retrata la putrefacción final del sistema pujolista, del que Carles Puigdemont es el último relevo. Salvando todas las distancias, la república de Waterloo es como la folclórica y efímera república de Saló que marcó la decadencia y el naufragio del régimen fascista de Benito Mussolini, en los últimos espasmos de la II Guerra Mundial.
Obviamente, yo no deseo que Marcela Topor y sus hijas pasen hambre. Bastante pena tienen ya con la alocada decisión de su marido y padre de dejarlas en la estacada para irse a vivir a Bélgica una aventura imaginaria de adolescente. En las comarcas de Girona, cerca de su casa, hay muchas maneras de ganarse dignamente la vida, con un salario correcto, sin necesidad de perpetrar este atraco ridículo e ignominioso a cuenta de los presupuestos de la Diputación de Barcelona, con la complicidad del sicario Francesc Pena.
De Carles Puigdemont me sorprenden su egocentrismo enfermizo y la vertiente de pijo que exhibe. Periodista de formación, siempre ha aspirado a un estatus de nuevo rico y ha intentado mimetizar las maneras de vivir de la alta burguesía, a pesar de su modesta condición social. La compra del chalé del campo de golf de Sant Julià de Ramis y la espléndida mansión que ha elegido como residencia de alquiler en Waterloo hacen evidente esta estrambótica pulsión del quiero y no puedo que marca su existencia.
En vez de tomar ejemplo de la austeridad de sus antecesores en el cargo de presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont se ha comportado siempre como un pequeño monarca. «A la mujer y a las niñas, que no les falte de nada», es el argumento que se esconde detrás de los 6.000 euros mensuales que cobra Marcela Topor en la XAL. Incluso su idolatrado Jordi Pujol –a pesar de la fortuna que después se ha conocido que escondía en Andorra- siempre vivió de manera franciscana, nunca tenía un duro en el bolsillo y se hacía acompañar en el coche de amigos y pelotas de su partido.
Ante la intervención y el bloqueo de las cuentas de la Generalitat, la Diputación de Barcelona –que es una institución rica y alejada de los focos de la actualidad política- se ha convertido en el refugio de las cloacas convergentes. Por aquí se pagan facturas y servicios inconfesables que antes iban a cargo del 3% u otras instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona en la etapa de Xavier Trias.
Si en la Diputación de Barcelona hubiera una oposición como es debido que fiscalizara los gastos de la institución que preside Mercè Conesa y exigiera una cuidadosa administración de los recursos públicos, escándalos como el que protagonizan Francesc Pena y Marcela Topor serían impensables. Pero, con honrosas excepciones, la Diputación se ha convertido en una alegre charca que aprovechan los partidos políticos para colocar a asesores, cobrar dietas faraónicas y manipular las subvenciones.
En vez de ir a Òmnium Cultural y hacer el ridículo, la Guardia Civil –bajo la dirección de la Fiscalía y con el aval de la magistratura- tendría que entrar en la Diputación de Barcelona y sanear sus fétidas cloacas. Una razón de más para suprimir esta anacrónica institución que algunos partidos, como CDC/PDECat, ERC o la CUP, quieren cargarse desde hace años.., pero que una vez llegan y tocan poder se aprovechan descaradamente de ella.
Marcela Topor me parece una mujer razonable, que rehúye la sobreexposición mediática y las polémicas públicas, por miedo a que sus hijas salgan salpicadas. Por eso haría bien de renunciar al programa de la XAL y al contrato de los 6.000 euros/mes que le ha regalado Francesc Pena. Estoy convencido que las 940.000 personas que votaron a su marido el pasado 21-D aplaudirían esta decisión. El resto, también.
