Quedó muy bien la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando anunció que anularía el contrato firmado con Arabia Saudí para venderle 400 bombas de precisión láser. El contrato se firmó en el verano de 2015 y España ya había cobrado los 9,2 millones de euros que costaban las bombas y que estaban en una base militar en Aragón a la espera de que las pasasen a recoger. Robles dijo que devolvería el dinero.

Arabia Saudí contestó inmediatamente dejando caer que se planteaba echarse atrás en otro contrato, en este caso para la construcción de cinco corbetas por un valor de 1.800 millones de euros. El acuerdo se había cerrado en el pasado mes de julio y garantizaba trabajo durante cinco años a 6.000 personas, de forma directa o indirecta, en la Bahía de Cádiz, Ferrol y Cartagena.

La reacción de los trabajadores de Navantia, la empresa encargada de construir las corbetas, fue cortar una autovía en Cádiz durante una hora y amenazar con más acciones de protesta. El alcalde de la ciudad andaluza, José María González, Kichi, de 'Podemos', ha dicho que "es muy doloroso cuando los derechos humanos entran en colisión con otros derechos, como que suenen los pitos de las ollas en las casas de los gaditanos".

La polémica por la construcción de estas corbetas no es nueva. Los grupos antimilitaristas ya hace tiempo que se quejan de las negociaciones de Navantia con Arabia Saudí para construir sus barcos militares. El alcalde dice que se encuentra ante "el dilema entre fabricar armas y comer". ¿Es así el dilema? ¿No hay alternativa? Kichi ha pedido que se busque otros usos para los astilleros de Navantia que no sean los de la construcción de buques de guerra.

Las bombas que Robles no quería vender a Arabia Saudí son las que utilizan la coalición liderada por ese país para bombardear Yemen. Muchos civiles han muerto a causa de esas bombas. En algunas ocasiones, decenas de niños han perdido la vida al ser atacados con ellas los autobuses en que iban.

El gobierno español se está repensando recuperar el acuerdo que la ministra de Defensa quería anular.

A veces, la vida nos pone ante disyuntivas terribles. ¿Para que unas personas puedan comer es inevitable que trabajen haciendo unas bombas que matan niños? No debe ser fácil para los trabajadores y trabajadoras que las fabrican y que tienen hijos e hijas contarles que con su trabajo son responsables directa o indirectamente del asesinato de niños como ellos.

Y el argumento de "si no las fabricamos nosotros, algún otro lo hará" debería llevar no sólo a no fabricarlas sino a luchar para que nadie lo haga.