¿Por qué hay catalanes -un 47%, según las elecciones del pasado 21-D- que quieren la independencia? ¿Qué sentido tiene, en el siglo XXI y en el marco de la Unión Europea, que una parte sustancial de la población de una comunidad autónoma -"región", en el argot de Bruselas- quiera escindirse de un Estado constitucional y democrático para crear otro Estado, constitucional y democrático, que quiere seguir formando parte de la Unión Europea?

Intentaré sintetizar las respuestas:

· Porque durante la Edad Media, el Principado de Cataluña formaba parte de la Corona aragonesa, tenía sus instituciones y se había convertido en una pujante potencia mediterránea que extendía sus dominios hasta Grecia

· Porque con el matrimonio de los Reyes Católicos y el descubrimiento de América, Cataluña comenzó una larga decadencia política y económica

· Porque la dinastía de los Austrias hizo una apuesta estratégica por el Atlántico, en detrimento del Mediterráneo. En la guerra de los Austrias contra los Borbones franceses -a quienes Pau Claris pidió ayuda para conseguir la independencia-, Cataluña perdió Perpiñán y los territorios históricos al norte de los Pirineos

· Paradójicamente, Cataluña apostó, años después, por el pretendiente de la Casa de Austria en contra del candidato de la Casa Borbón durante la guerra de Sucesión, que acabó con la derrota militar del 1714

· Porque la dinastía borbónica, igual que en Francia, intentó imponer en España un modelo de Estado centralista y homogéneo, convirtiendo Madrid en una copia de París

· Porque hablamos una variante del latín, un poco diferente de las otras, que hemos mantenido a pesar de la presión del castellano/español y, en períodos pasados, por su imposición a la fuerza

· Porque en los siglos XIX y XX, Cataluña se convirtió en la zona más desarrollada y rica de España, gracias a la industrialización propiciada por el proteccionismo y la I Guerra Mundial

· Porque, a imagen y semejanza de Francia, hemos querido hacer una Revolución burguesa, siempre frustrada, para instaurar una República

· Porque la independencia de Irlanda (1919-23) sirvió de espejo para impulsar el movimiento secesionista catalán

· Porque la dictadura franquista destruyó todos los avances democráticos, culturales y sociales logrados con la II República

· Porque la interpretación de la Constitución del 1978 hecha por el Tribunal Constitucional amputó, en 2010, una pequeña parte del nuevo Estatuto aprobado en referéndum en 2006

· Porque las transferencias fiscales de Cataluña al Estado se consideran excesivas y tienen un retorno insuficiente

· Porque el Estado español no acepta que Cataluña es una nación y ha descabezado judicialmente el poder pujolista y la mafia del 3%

Llegados al 2018, y expulsado el PP del gobierno español por ser un paradigma de la corrupción, esta secuencia histórica se sintetiza en dos puntos:

· Protección de la lengua catalana, lo que quiere decir su cultura y su enseñanza en la escuela y el reconocimiento oficial, a instancias del gobierno español, del catalán/valenciano en el Parlamento europeo

· Revisión del sistema de financiación autonómica del Estado español, de forma que la población catalana no sea penalizada por su mayor contribución fiscal y la Generalitat tenga recursos suficientes para poder desplegar sus competencias

El nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene un margen limitado para cambiar el conflicto que plantean las fuerzas independentistas catalanas y la Generalitat presidida por Quim Torra, pero puede asumir perfectamente la negociación de estos dos puntos y llegar a soluciones satisfactorias y duraderas. Es cuestión de buena voluntad y de buena política.

Tengámoslo claro y no le demos más vueltas: Constitución en mano, y amparado por la Unión Europea (UE) y Angela Merkel, Pedro Sánchez nunca osará aceptar el referéndum de autodeterminación que reclama el bloque soberanista.

A partir de esta constatación -que llevará hasta las últimas consecuencias- tiene tres vías abiertas para avanzar:

· Reconsiderar las leyes sociales aprobadas por el Parlamento de Cataluña y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC) a instancias del anterior gobierno de Mariano Rajoy

· Reactivar algunos de los artículos del Estatuto del 2006 que fueron anulados por el TC a partir de la modificación puntual de leyes orgánicas, en línea con la propuesta que siempre ha defendido el presidente José Montilla y que también asume la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet

· Dinamizar el debate parlamentario para proceder a la modificación y modernización de la Constitución del 1978 que, al margen de la cuestión catalana, necesita un aggiornamento

En la cuestión candente de los nueve presos y cinco exiliados por el proceso independentista no es de prever cambios sustanciales a corto plazo, a pesar del nombramiento de una nueva fiscal general del Estado, María José Segarra. En el horizonte judicial quedan tres decisiones importantes que se adoptarán en las próximas semanas:

· La inhabilitación preventiva de Carles Puigdemont y de los ex-consejeros que tienen la condición de diputados en la presente legislatura

· La decisión de las autoridades alemanas sobre la petición de extradición de Carles Puigdemont

· La conclusión del sumario instruido por el juez Pablo Llarena y la fijación de la fecha del juicio oral

A partir de aquí, Pedro Sánchez estará en disposición de mover ficha, a través del gobierno y de la fiscal general del Estado, para modificar las condiciones injustas de los prisioneros. Esta herida sólo puede acabar con penas de inhabilitación o, si la condena es de cárcel, con un indulto. Y todos para casa.