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CATALÁN CASTELLANO
18-04-2018
Derrota y humillación
Políticamente, Cataluña es un país atormentado. El conflicto identitario que arde desde hace seis años no tiene paralelo en el marco de la Unión Europea. El pragmatismo y la responsabilidad son los vectores que rigen la acción de los gobiernos democráticos, intentando consolidar territorios económicamente prósperos y socialmente cohesionados. Aquí, en cambio, los independentistas nos han llevado al mundo de las ilusiones y de la insatisfacción permanente al no lograrlas.

En Cataluña hay una brasa que está encendida desde hace siglos. Yo la sitúo en el siglo XV, cuando el Compromiso de Caspe eligió como rey de la Corona de Aragón al castellano Fernando de Antequera y el candidato catalán, Jaume d’Urgell, se sublevó contra esta decisión y fue derrotado y encarcelado, muriendo en la prisión del castillo de Játiva. Esta brasa se reaviva y provoca incendios cada x años.

La frustración urgellista es el rescoldo que explica los grandes estallidos posteriores que marcan nuestra historia: la Guerra de los Segadores, la Guerra de Sucesión, las guerras carlistas, la Guerra Civil y el actual proceso independentista, con los hitos capitales del 1-O, 3-O y 27-O. Muchas generaciones de catalanes han sido educadas en el sentimiento de la derrota y la injusticia y esto se transmite, a través del nervio diferencial de la lengua catalana, de padres a hijos.

Los catalanes pasamos por ser un pueblo negociante y pactista. Esto es cierto en el ámbito económico, pero no en el de la política. Aquí subyace el espíritu de la humillación y de la siempre anhelada rebelión y revancha. No es posible entender Cataluña y, por lo tanto, encontrar una salida al actual laberinto sin la intervención de los historiadores. Más allá de los tópicos que se repiten como un mantra, hace falta la construcción urgente de un relato histórico profesional, solvente y consensuado que nos ayude a saber de dónde venimos y dónde estamos para poder orientarnos y saber dónde queremos ir.

TV3, la controvertida televisión catalana, podría hacer un gran servicio a la sociedad promoviendo este debate, necesariamente exhaustivo, sobre nuestro pasado, que es la raíz que explica nuestro convulso presente. Si no somos capaces de desenterrar los viejos fantasmas y ponerlos ante el espejo, difícilmente saldremos de este callejón sin salida que amenaza de prolongarse en el tiempo y minar nuestros fundamentales, llevándonos a la desertificación y a la melancolía.

¿Por qué los catalanes somos unos inadaptados? ¿Por qué arrastramos esta desconfianza congénita hacia el Estado español? ¿Cuál debe ser nuestra relación con los antiguos territorios de la Corona de Aragón? ¿Qué sentido tiene la independencia en el contexto europeo del siglo XXI? Son preguntas clave que no podemos dejar en manos de los políticos. Son los historiadores, con conocimiento de causa, quienes tienen que responderlas.

La actual situación tiene, curiosamente, un gran paralelismo con el conflicto que suscitó el Compromiso de Caspe y por eso es muy oportuno aprovechar esta coyuntura para intentar limpiar y curar esta vieja herida que arrastramos y que infecta nuestro cuerpo social desde hace siglos. Tal como pasó en 1410, cuando murió el rey Martín el Humano sin dejar descendencia, la dinastía catalana también quedó cortada en 2012, cuando Oriol Pujol fue imputado en el caso de corrupción de las ITV y tuvo que renunciar a la sucesión hereditaria que le había sido reservada por su padre.

El gobierno de Carles Puigdemont decidió romper, el pasado mes de septiembre, el pacto constitucional de 1978. El ex-alcalde de Girona juega el papel de Jaume d’Urgell, que se sublevó contra la decisión del Compromiso de Caspe, fue derrotado y acabó rindiéndose, en 1413, en el castillo de Balaguer. De momento, él no, que está en Berlín en espera de la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein sobre su extradición. Pero como Jaume d’Urgell, el ex-vicepresidente Oriol Junqueras, los ex-consejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull; la ex-presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los Jordis están en la cárcel. Y corren el riesgo de pasar muchos años, una vez se celebre el juicio y se dicte sentencia, como pasó en el siglo XV con el pretendiente catalán a la Corona de Aragón.

Hablemos en plata: la revuelta comenzada el 6-7 de septiembre del 2017 con la aprobación de las leyes de desconexión ha sido derrotada. El tridente judicial formado por Pablo Llarena, Carmen Lamela y José Antonio Ramírez Sunyer, con la acción concertada de la fiscalía, ha descabezado y traumatizado al movimiento independentista. Las fuerzas políticas mayoritarias en el Estado español han dado su consentimiento y la Comisión Europea ha avalado la respuesta represiva. El escarmiento ha sido muy severo y, a estas alturas, tenemos que asumir que la vía unilateral a la independencia es impracticable, tanto por la fuerza coercitiva del ordenamiento jurídico español como por la hostilidad de la Unión Europea hacia éste y cualquier otro proyecto secesionista que intente romper, de manera abrupta, las fronteras internas de los estados miembros.

Pero esta nueva derrota no tendría que ser un punto y seguido para mantener la brasa encendida y esperar que vuelva a provocar una nueva llamarada de aquí a unos cuantos años. Tendríamos que ser capaces –todos- de cerrar este venenoso y destructivo ciclo de confrontación iniciado en 1412 e iniciar una nueva etapa en la historia de Cataluña, España e Iberia.

Logrado el objetivo perseguido -la preservación de la integridad del Estado-, Mariano Rajoy y la cúpula judicial tendrían que modular y aflojar el castigo a los rebeldes que fracasaron. Más allá de la inhabilitación por desobediencia, los cargos políticos imputados tendrían que poder salir pronto de la prisión o volver a España sin la amenaza de acabar entre rejas. El gran error que puede cometer ahora el Estado es caer en la tentación de humillar a los independentistas.

Y el gran error que podemos cometer desde Cataluña es dejarnos arrastrar, una vez más, por la dinámica puesta en marcha por la no aceptación del Compromiso de Caspe por el pretendiente Jaume d’Urgell. Hay que hacer una lectura profunda y crítica de estos 600 años que nos han llevado al actual cul-de-sac para extraer conclusiones que sean útiles para los pasos que tenemos que seguir dando. La historia se construye con guerras y pactos. Tenemos que acabar el larguísimo ciclo de confrontación y derrotas para entrar en una nueva etapa de sólidos acuerdos que nos permitan afianzar y orientar nuestra razón de ser en el contexto del Estado español y de la Unión Europea.
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