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CATALÁN CASTELLANO
Redacción 07-02-2018
El Supremo prevé imputar a Jové y Salvadó por rebelión
Montoro dice que la Generalitat puede haber engañado a Hacienda con facturas falsas
Josep Maria Jové | Foto: ERC

Los ex-altos cargos de la Generalitat Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, hombres de confianza de la ex-vicepresidente económico Oriol Junqueras, serán imputados por el Tribunal Supremo por rebelión, publica este miércoles El Mundo citando como clave el contenido de los últimos informes que han elaborado, a partir del análisis de correos electrónicos, los investigadores de los planes de desconexión.

En un registro en el domicilio de Jové, ex-secretario general de Economía, se obtuvieron el documento EnfoCATs (una hoja de ruta del independentismo) y una agenda Moleskine donde constaban anotaciones de reuniones clave anteriores al 1-O. Tanto Jové como Salvadó fueron detenidos y ya estaban en el punto de mira de la investigación sobre el 1-O que se dirige desde el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que totaliza una treintena de investigados.

¿Facturas falsas?
Este miércoles, en los pasillos del Congreso de los Diputados, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado en una conversación informal con periodistas relatada por Vozpópuli que es posible que la Generalitat de Cataluña haya engañado mediante facturas falsas a la Intervención General del Estado y al gobierno español, si bien ha añadido que "no se puede decir que el control se esté haciendo mal" y ha pedido tiempo para ver cómo avanza la investigación.

Por otro lado, La Vanguardia ha revelado que Junqueras, durante su declaración del pasado 1 de diciembre ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, afirmó que "hay recorrido amplio en el ámbito de la Constitución y de sus posibles interpretaciones" para alcanzar una solución al conflicto político catalán. Asimismo, en aquella comparecencia poco antes del inicio de la campaña electoral, esgrimió que ERC se presentaba a las elecciones del 21-D y que él y consejeros de su partido -excepto Toni Comín y Meritxell Serret- se habían presentado ante la Audiencia Nacional como evidencias de su "actitud".

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