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CATALÁN CASTELLANO
24-12-2017
La perversión de la democracia
En la actual fase de la vida política catalana, presidida por el mantra de la independencia y la imposibilidad constitucional de celebrar un referéndum para escindir una parte del territorio del Estado español, es imprescindible que el Parlamento sea un fiel reflejo de la voluntad democrática de la población para así poder adoptar las decisiones más consensuadas. Que con el 47,7% de los votos, los tres partidos independentistas obtengan 70 escaños y la mayoría absoluta en el hemiciclo del parque de la Ciutadella es -objetivamente- una anomalía que hay que corregir con urgencia, con la aprobación, aplazada desde hace 37 años, de una nueva ley electoral catalana.

Esto no es desmerecer, en absoluto, los resultados de los comicios del pasado 21-D, organizados en aplicación del artículo 155 y con los dos principales líderes de las fuerzas independentistas (Oriol Junqueras y Carles Puigdemont) ausentes de los actos de campaña por la actuación represiva de las autoridades judiciales. A pesar de estos obstáculos, el bloque secesionista consiguió un remarcable apoyo en las urnas, que hay que valorar y subrayar. Ahora bien, este 47,7% deslegitima que en el Parlamento se puedan aprobar e implementar medidas que afecten gravemente a la totalidad de la sociedad catalana, como son las relacionadas con el proceso independentista.


Si Cataluña fuera una única circunscripción o la distribución de los escaños por demarcaciones fuera proporcional al número de habitantes, la composición del futuro Parlamento habría sido diferente y las tres candidaturas independentistas no obtendrían la mayoría absoluta, como refleja este 47,7% de los votos recibidos. Los 70 escaños conseguidos habrían quedado en 66; los de los tres partidos constitucionalistas sumarían 59 (en vez de los 57 que han obtenido) y los de Catalunya en Comú-Podem habrían pasado de los 8 que se les han asignado a 10. Esta composición del hemiciclo, en términos estrictamente equitativos y proporcionales, sería mucho más limpia, justa y democrática.


Las razones que, en su momento, justificaron que Cataluña no tuviera una ley electoral propia han periclitado con el paso de los años. El avance de las comunicaciones y la facilidad de la movilidad hacen que el territorio esté plenamente vertebrado e integrado y ya no tiene ningún sentido que los votos de las demarcaciones de Lleida, Tarragona y Girona tengan mucha más capacidad de representación que no los de los habitantes de la provincia de Barcelona. En concreto, el voto de un leridano equivale al de 2,4 barceloneses; y los de un tarraconense y de un gerundense, al de 1,6 barceloneses.


En la república ideal -que invocan con vehemencia Junts x Catalunya, ERC y la CUP (y que yo subscribo)- rige el principio de una persona, un voto y esta ley fundamental de la democracia no puede ser pervertida. Por eso, la tarea prioritaria del nuevo Parlamento tiene que ser la elaboración, de una vez por todas, de una ley electoral catalana, transparente y equilibrada, donde cada elector tenga el mismo poder de decisión, con independencia del lugar donde vive.

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