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CATALÁN CASTELLANO
Redacción 30-11-2017
El Tribunal Supremo dicta el cierre inmediato del vertedero del Cogulló
La empresa minera ya toreó una sentencia con la vergonzosa complicidad del Parlamento de Cataluña
La pasada legislatura del Parlamento de Cataluña no ha quedado marcada sólo por las sacudidas del proceso y por la tempestuosa aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. En una de las sesiones más vergonzosas que se recuerdan en los anales de la cámara catalana, el pasado 15 de junio se aprobó una resolución, con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios -con la excepción de la CUP- con la que se reclamó que la justicia aplicara una moratoria para que la empresa ICL Iberia Súria & Sallent SL (filial de la multinacional Israel Chemicals Ltd.) pudiera continuar vertiendo residuo salino en la montaña artificial del Cogulló, en medio del llano del Bages. Eso sí, de manera "provisional, temporal, transitoria y limitada".

El año 2013, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había dado a la compañía israelí un plazo de cuatro años para que adaptara su sistema productivo industrial con el objetivo de acabar, de una vez por todas, con este gravísimo atentado ecológico contra el medio ambiente y el paisaje. La fecha tope para detener los vertidos en El Cogulló se fijó en el 30 de junio de este año.

Pero ICL Iberia Súria & Sallent SL no hizo los deberes durante estos cuatro años y, al ver que no podría cumplir el generoso plazo establecido por el TSJC, se dedicó a hacer una intensa campaña de lobby para obtener una moratoria. Con la amenaza de que tendría que reducir drásticamente la plantilla para acatar la sentencia judicial, consiguió la complicidad de los principales sindicatos y de las fuerzas vivas del Bages, que trasladaron su inquietud y convencieron a los principales grupos políticos del Parlamento catalán de que apoyaran a la empresa minera israelí.

La resolución aprobada el 15 de junio por 124 diputados de los 135 que tiene la cámara catalana tuvo efecto. Días después, el TSJC aceptó parar la ejecución de la sentencia y otorgó a ICL Iberia Súria & Sallent SL una moratoria de un año, ampliable a dos si la empresa lo solicita, que le permite continuar lanzando residuos en El Cogulló.

Pero he aquí que esta maniobra indigna, que consiguió arrodillar los sindicatos, los grupos parlamentarios y los magistrados del TSJC ante las presiones de una empresa extranjera -en la peor tradición colonial-, no ha servido de nada.

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