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CATALÁN CASTELLANO
Redacción 01-09-2017
Bruselas pasa la factura a Iberpotash
La CE reclama a la empresa minera 5,8 millones porque ayudas públicas otorgadas a unas obras en Balsareny infringían las normas sobre competencia
Instalaciones de Iberpotash en Balsareny | Foto: Google Maps
El pago de las obras efectuadas para reducir el impacto ambiental de la actividad minera de Iberpotash en Balsareny correspondía a la empresa, ha determinado la Comisión Europea (CE), que ha reclamado por ese motivo un importe de 5,8 millones de euros a esta filial de la multinacional Israel Chemicals Ltd (ICL).

España, en virtud de esta resolución, tendrá que reclamar la ayuda económica a Iberpotash, que según CE se otorgó infringiendo la normativa comunitaria sobre competencia. Las obras, iniciadas en 2010 para impedir que el residuo de las minas vertido en Vilafruns salinizase las aguas, no costaron un céntimo a Iberpotash: las sufragaron la Generalitat y el gobierno español con 7,8 millones porque se consideró que se trataba de una prueba piloto.

Las autoridades comunitarias señalan ahora que la empresa obtuvo "una ventaja competitiva indebida" al reducir su responsabilidad económica en relación a los costes de protección ambiental gracias a la subvención. La reacción de Iberpotash ha consistido en afirmar que no pueden devolver un importe que no recibieron y ha atribuido la actuación en Vilafruns a la iniciativa de la administración pública.

Impacto ambiental, luz verde
La decisión de la CE trae por segunda vez Iberpotash a la actualidad informativa esta semana. La reciente aprobación de la declaración de impacto ambiental de la montaña de residuo salino del Cogulló (Sallent) ha coincidido con la aparición de un informe de los Mossos d'Esquadra que, con fecha del pasado mes de junio, constataba, en el marco de una investigación judicial sobre los delitos medioambientales presuntamente cometidos por la empresa minera, que a pesar de sus esfuerzos Iberpotash, ahora llamada ICL Súria & Sellent, sigue contaminando.

La luz verde del departamento de Territorio de la Generalitat constituye la regularización de la gestión de la montaña de residuo salino, carente de declaración de impacto ambiental desde 1988. La declaración de 2013 fue tumbada en los tribunales por una asociación de vecinos.
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