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CATALÁN CASTELLANO
17-07-2017
Rajoy, convencido del colapso de la Generalitat ante el 1-O
El Gobierno del Estado trabaja para abocar el referéndum al fracaso, en lugar de impedirlo
Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y su ejecutivo prefieren buscar el colapso de la Generalitat ante la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre, más que no parar la consulta.

Diferentes medios coinciden en el hecho de que el Gobierno del Estado no contempla, de entrada ni la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé entre otras cosas intervenir la policía catalana, ni tampoco aplicar la Ley de Seguridad Nacional para impedir la celebración del referéndum.

Fuentes de la Moncloa han concretado a El Español que Rajoy trabaja para conseguir que, de haber la votación el 1 de octubre, acabe siendo una consulta que no tenga la mínima logística y participación para poder considerarla como un referéndum de autodeterminación.

Lo que busca el presidente del Gobierno central es que el 1-O acabe siendo un contundente fracaso político de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Según estas mismas fuentes, se prevé que el Tribunal Constitucional (TC) no esté por la labor de suspenderlos de sus cargos antes del 1-O.

Pero sí que podría emprender acciones legales contra ellos cuando el TC suspendiera la Ley del Referéndum o la de Transitoriedad apenas las apruebe el Parlamento catalán, y no acaten la resolución.

Así, la principal estrategia del ejecutivo central es esperar el colapso de la logística electoral de la Generalitat como consecuencia de la negativa a participar de gran parte de los funcionarios e importantes ayuntamientos.

El Colegio de Secretarios Municipales recordó a sus afiliados que están obligados a ser fieles a la orden constitucional.

El Gobierno central también recordó, por carta, a los ayuntamientos que pueden incurrir en un acto ilícito si dan los datos del padrón municipal para elaborar un censo para una convocatoria considerada ilegal, un acto que puede llegar a suponer multas de hasta 600.000 euros.
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