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CATALÁN CASTELLANO
R. Calvo 19-05-2017
La Generalitat deniega el permiso para abrir un minicasino en Sabadell
Tres diputados de Unidos Podemos preguntan por la concesión a Orenes Grupo de salas de juego en los aeropuertos de Málaga y Alicante
El minicasino que tenía previsto abrir en Sabadell ocupaba una superficie de 400 metros cuadrados.
Finalmente, la dirección general de Tributos y Juego, dependiente de la consejería que encabeza el vicepresidente Oriol Junqueras, ha decidido denegar la apertura de un minicasino en el barrio del Ensanche de Sabadell. Este proyecto, impulsado por la empresa murciana Orenes Grupo, había provocado un fuerte rechazo de los vecinos de la zona, puesto que estaba muy cerca de tres centros escolares y de dos equipamientos sanitarios. Además, el horario de apertura del minicasino -de 9 de la mañana a 4 de la madrugada- se consideraba del todo inapropiado para un barrio donde vive mucha gente trabajadora, debido a los ruidos que podía causar (véase EL TRIANGLE n. 1256).

En las últimas semanas, la Asociación de Vecinos del Ensanche había impulsado una recogida de firmas para oponerse a la implantación de este minicasino -consiguieron más de un millar-, que fueron entregadas en el ayuntamiento de la capital vallesana. Después de la denegación del preceptivo permiso por parte de la Generalitat, fuentes del consistorio de Sabadell han explicado que el proyecto ha quedado totalmente descartado. El minicasino se tenía que ubicar en un local de 400 metros cuadrados de la avenida Barberà y, además, contaba con un parking adyacente para facilitar el acceso de los jugadores.


CONFLICTO DE INTERESES

Pero el frustrado proyecto de Sabadell no es el único problema que tiene que afrontar Orenes Grupo
, que se encuentra inmerso en un escándalo político que el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha llevado al Congreso de los Diputados. En el epicentro de la trama está Andrés Ayala, ex-secretario general de Política Territorial y Obras Públicas del gobierno murciano (1995-2000) y ex-diputado en Madrid durante las últimas cinco legislaturas (2000-2016).

Andrés Ayala, experto en infraestructuras, no era un diputado cualquiera. La dirección del PP lo había nombrado responsable de la comisión parlamentaria de Fomento y se encargaba, por lo tanto, del seguimiento de las actuaciones de AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles. Precisamente el diputado murciano fue el encargado de defender la privatización parcial de este organismo, aprobada en 2015.

El febrero del año pasado, AENA adjudicó la gestión de dos salones de juego a los aeropuertos de Málaga y Alicante a la compañía Play Orenes SL, filial de Orenes Grupo. El escándalo saltó cuando se descubrió que la mujer del presidente de la comisión de Fomento, Carmen Alcaraz, era consejera de tres sociedades de este grupo empresarial: Gran Casino de Extremadura SL, Electra Rioja Gran Casino SL y Servicios Comerciales y Recreativos SL. Además, cuando Andrés Ayala abandonó el escaño en el Congreso de los Diputados se incorporó a Orenes Grupo, ocupando los cargos que ostentaba su esposa.

Estas extrañas coincidencias han llamado la atención del grupo parlamentario Unidos Podemos. En primer lugar, porque es insólito que en un espacio público como los aeropuertos, AENA autorice la implantación de salones con máquinas tragaperras. En segundo lugar, porque la manifiesta relación, a través de su mujer, entre el entonces diputado Andrés Ayala y Orenes Grupo no era ajena a la decisión de adjudicar esta concesión a la sociedad Play Orenes SL. Y, en tercer lugar, porque el nombramiento del político murciano como consejero de tres empresas de este grupo de juego una vez dejó el escaño parece un caso paradigmático del criticado sistema de las "puertas giratorias".

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