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CATALÁN CASTELLANO
redacción 18-04-2017
El no de Vives al casino divide a una parte del gobierno de Toni Martí
Miembros del ejecutivo y del partido que lo sustenta, próximos al Copríncipe episcopal, alertan sobre los peligros que puede comportar el juego
Carles Álvarez-Marfany, ministro de Salud

No todos los integrantes del gobierno andorrano y del partido que lidera Toni Martí comparten el mismo argumento en defensa de la apertura de un casino en Andorra, después de que el ejecutivo esté a punto de finalizar el redactado de les bases que deben representar, a medio plazo, la ubicación en el Principado de una sala de juego.

Las recientes declaraciones realizadas por el arzobispo de Urgell y Copríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives, en desacuerdo con la ley que regula el juego de azar en el país de los Pirineos asegurando que "lo veo peligroso", ha creado una corriente de apoyos al jefe de Estado mitrado por parte de algunos componentes del ejecutivo andorrano y también dentro de la formación de Demócratas por Andorra.

 

Sin tratarse de un sector mayoritario en las filas demócratas, los contrarios a la regulación de la cuestión del azar, entre ellos el ministro de Salud y Bienestar Social, Carlos Álvarez-Marfany, simpatizante del Opus Dei, han expresado en voz baja su posicionamiento negativo aunque no lo harán público debido a las consignas internas dadas por el mismo Martí para no abrir otra brecha con la Mitra como ya ocurrió en temas como el del aborto o de la instalación de una clínica de reproducción asistida.

 

El arzobispo de Urgell, el único que comparte con el Papa el rol de ser jefe de Estado, tiene la potestad según la Constitución andorrana de 1993 de no sancionar algunos textos legislativos si así lo cree por algún motivo. Por lo tanto, Vives dejó claro en una entrevista a TV3 que en su día no firmó la ley reguladora del juego y, en consecuencia, tampoco avala la creación de un casino, ahora que está en la recta final para sacarlo a concurso.

 

El copríncipe andorrano recordó que la permanencia del titular de la diócesis de Urgell como jefe de Estado "ha sido una demanda del pueblo" refrendada por los ciudadanos en el referéndum en el que se aprobó masivamente la Carta Magna. Por lo tanto, supuestos como podría ser el visto bueno a legislar sobre el aborto implicarían su renuncia como mandatario político, pasando a ser únicamente obispo de la diócesis.

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