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Febrero
2017
ElTriangle.eu - Diario digital de información, análisis y opinión

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CATALÁN CASTELLANO
09-02-2017
Referéndum o referéndum
La sociedad catalana no está suficientemente informada ni concienciada de los pros y contras de la secesión, ni suficientemente interesada, ni suficientemente movilizada para que el gobierno de Carles Puigdemont condicione toda su agenda política a la próxima celebración de un referéndum de independencia, con fecha tope para el mes de septiembre. En las calles y en las plazas de Cataluña, y en especial en las de las ciudades más grandes, esta cuestión, directamente, resbala y provoca un pasotismo generalizado que se puede percibir con sólo escuchar de qué se habla en los espacios de convivencia y de debate público, aunque el “sometent” mediático hinche e hinche la burbuja (para eso cobra).

A medida que la situación económica general va mejorando poco a poco, el sueño de la independencia se va desvaneciendo. Si ya era una quimera cuatro años atrás, cuando la crisis golpeaba duramente a la clase media -depositaria de la llama catalanista- ahora todavía lo es más. La manifiesta hostilidad de las instituciones europeas e internacionales a nuestra hipotética secesión ha quedado muy patente de manera reiterada.

En este contexto, mantener el mantra del “referéndum o referéndum” a corto plazo como única prioridad del Parlamento y del gobierno de la Generalitat es no sólo un error: es una temeridad que provoca un enorme divorcio entre las instituciones catalanas de autogobierno y la mayoría de la sociedad catalana, que no entiende ni comparte esta estrategia ni esta urgencia.

La secuencia histórica en la cual nos encontramos determina que en el horizonte tiene que haber un referéndum, sí, pero no necesariamente sobre la independencia sí/no ni antes del próximo mes de septiembre. La tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña del 1979 culminó con su validación en referéndum el 16 de junio de 2006. Mariano Rajoy, que entonces era el jefe de la oposición, impulsó, por miserables motivos electorales, la presentación de un recurso contra esta reforma ante el Tribunal Constitucional (TC) que, cuatro años más tarde -el 28 de junio de 2010-, emitió una sentencia en la cual se mutilaban algunos artículos del texto.

En realidad, la sentencia del TC no fue tan dramáticamente regresiva como se nos quiere hacer creer. Pero el punto de conflicto es el carácter vinculante que tiene una decisión adoptada en un referéndum legal y acordado, por encima de la interpretación que pueda hacer a posteriori el TC. Este es el nudo de la cuestión y parece obvio que, después de su aprobación por el Parlamento de Cataluña, por el Congreso, por el Senado, nuevamente por el Parlamento de Cataluña y finalmente en un referéndum, el nuevo Estatuto tenía que entrar en vigencia en su integridad.

Mariano Rajoy y el PP sí que “rompieron los huevos” con su recurso contra el nuevo Estatuto y así lo han acabado reconociendo años más tarde con la boca pequeña. Es al presidente del gobierno español, por lo tanto, a quien corresponde tomar la iniciativa para enmendar este disparate. Una reforma constitucional que profundice el Estado de las autonomías en clave federal, transforme el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y devuelva a Cataluña los artículos del Estatuto suprimidos por el TC es la vía pertinente. Entonces, lo votaremos todo y todos en referéndum.

Nada que ver este referéndum de reforma constitucional con el “teatro” del 9-N que se está juzgando estos días en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ni con el “referéndum o referéndum” por la independencia que propugna Carles Puigdemont y que está condenado, de antemano, al fracaso. La reproducción a gran escala del “referéndum de fiesta mayor” que se sacaron del sombrero en el pueblo de Arenys de Munt en 2009 y que, con posterioridad, se extendió a otros muchos municipios de la geografía catalana gracias al rechazo que esta performance provocó en grupúsculos marginales de extrema-derecha como la Falange Española, no lleva a ninguna parte.

Quien no lo entienda, no entiende nada. Los “referéndums de fiesta mayor” ya se han incorporado, por mérito propio, al patrimonio costumbrista catalán, junto a otros hechos inequívocamente identitarios y festivos como las calçotades que se celebran estos días de invierno, los castellers, los caganers, el tió, los canelones de Sant Esteve, los Barça-Madrid, Sant Jordi, la verbena de San Juan, la castanyada o los correfocs. El propio Artur Mas, en su declaración ante el TSJC, se ha encargado de desdramatitzar aquella votación en urnas de cartón, que ha atribuido a la generosa movilización de 42.000 anónimos voluntarios.

Si en Madrid entendieran el catalán, tuvieran más sentido del humor y, en especial, la prensa que se edita en la capital del Reino fuera más poliédrica, la jornada del 9-N del 2014 se habría relativizado y no habría hecho falta la sobreimpostada intervención del Tribunal Constitucional, que ha acabado con el juicio que se celebra estos días en el TSJC. Mariano Rajoy ha hecho el ridículo judicializando una “consulta no referendaria” sin ningún recorrido político y a la que la mayoría de catalanes dieron la espalda no yendo a votar.

Artur Mas no es Francesc Macià, que se jugó la piel en Prats de Molló, ni Lluís Companys, el presidente mártir. Artur Mas es un pincho que era beneficiario de unas misteriosas cuentas en Liechtenstein y en Suiza y que ahora mira de sacar el máximo provecho a esta gran representación teatral para intentar volver por la puerta grande al Palau de la Generalitat, dejando a Oriol Junqueras –su contrincante político real- con cara de tonto.
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