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CATALÁN CASTELLANO
Redacción 14-12-2016
Acciona confiesa que tiene 40 filiales radicadas en ocho paraísos fiscales
El socio mayoritario de ATLL subscribió en 2011 el código de buenas prácticas tributarias donde se comprometía a no tener sociedades offshore
José Manuel Entrecanales, el presidente de Acciona, tiene el grifo de Barcelona.

La privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) es una espada de Damocles sobre las precarias finanzas de la Generalitat y, de rebote, sobre la frágil estabilidad parlamentaria del gobierno que preside Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo se tiene que pronunciar de manera inminente sobre la legalidad de la adjudicación hecha, en las postrimerías del año 2012, al consorcio formado por la empresa madrileña Acciona, al banco brasileño BTG Pactual y a las familias Rodés y Godia-Torreblanca.

De momento, todas las sentencias dictadas hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre este conflicto jurídico han decretado la nulidad de la operación de privatización de ATLL, y han confirmado las irregularidades detectadas por el órgano administrativo de recursos contractuales de Cataluña (OARCC).


MUÑECAS RUSAS

Si el Tribunal Supremo acaba tumbando la adjudicación, el revuelo puede ser monumental. Por un lado porque el consorcio ganador del concurso, ATLL Concesionaria de la Generalitat SA, tiene garantizado en la cláusula 9.12 del contrato que firmó con el gobierno catalán la recuperación de la parte no amortizada del total del canon por los 50 años de la concesión, además de las inversiones hechas y los supuestos daños y perjuicios que pueda reclamar. Una morterada superior a los 300 millones de euros que hará temblar al vicepresidente de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras.

Pero es que, además, las circunstancias que rodearon la adjudicación de ATLL y la identidad final de los beneficiarios de la operación presentan muchos interrogantes que no han pasado desapercibidos a la oposición parlamentaria en el gobierno de Junts pel Sí, que en cualquier momento puede pedir cuentas y montar un escándalo. Como ya explicó con detalle EL TRIANGLE en anteriores ediciones, el consorcio adjudicatario del abastecimiento del agua en alta a la conurbación de Barcelona es un caso paradigmático de opacidad y elusión de beneficios a través de una densa trama de sociedades -parecido a las muñecas rusas- radicadas, en última instancia, en paraísos fiscales.

La empresa madrileña Acciona es el socio de referencia de ATLL Concesionaria de la Generalitat SA. De entrada tenía un 39% de las acciones, porcentaje que ha aumentado actualmente hasta el 76,05%, después de la salida apresurada de la compañía del banco BTG Pactual, involucrado en el caso de corrupción Lava Jato en el Brasil que comportó la detención, ahora hace un año, de su CEO, André Esteves.

Acciona, a pesar de ser una empresa supuestamente española, está controlada por dos sociedades instrumentales -Wit Europese Investering BV y Tosen de Grachten BV- que tienen el 55,7% del capital y que están domiciliadas en Holanda, país que opera como un paraíso fiscal para los inversores extranjeros, como es el caso. A la vez, Acciona es una de las empresas del Ibex 35 que tiene más filiales radicadas en paraísos fiscales. Concretamente, 40, según el último informe presentado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): 29 en el Estado norteamericano de Delaware, tres en Holanda, dos en Panamá, dos en Suiza, una en Gibraltar, una en Andorra, una en Hong Kong y otra en la isla de Malta.

Para más cachondeo, Acciona subscribió en 2011 el código de buenas prácticas tributarias, que incluye, entre otros compromisos, la prohibición de operar con estructuras instrumentales offshore, que favorecen la evasión fiscal. ¡De esto se dice tener la cara de cemento!

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