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CATALÁN CASTELLANO
Redacción 15-11-2016
El juez suspende la consulta sobre el puerto de Tossa
La impugnación de Llanos de Luna sostiene que hay que pedir permiso al Gobierno español
La consulta sobre el puerto deportivo que se pretende construir en Tossa de Mar (La Selva) ha quedado suspendida cautelarmente por el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Girona. La decisión se ha adoptado a raíz de la presentación de un recurso por parte de la delegada del Gobierno español en Cataluña, María de los Llanos de Luna, que persigue las decisiones con las que el Ayuntamiento la había impulsado.

En contra de la celebración de la votación, prevista para este 20 de noviembre, el recurso del Gobierno español argumentaba que se basaba en uno de los puntos de la ley catalana de consultas no referendarias que tumbó el Tribunal Constitucional, por lo que indicaba que para preguntar a los ciudadanos hacía falta primero el permiso del Gobierno español.

El Ayuntamiento de Tossa, encabezado por la alcaldesa Gisela Saladich (Tossa Unida), se amparaba en esta ley catalana de consultas de 2014 para dar la opción a los vecinos mayores de 16 años de pronunciarse. Ahora prevé presentar alegaciones en el plazo de tres días abierto por el juez.

Aroma de pucherazo
Cómo explica EL TRIANGLE en su edición de este miércoles, el proyecto para hacer un puerto en Tossa ha revivido de la mano de dos antiguos altos cargos convergentes, Andreu Gispert, que fue mano derecha de Lluís Prenafeta en el asunto de las loterías de la Generalitat, y Josep Mariné, ex presidente de la Diputación de Tarragona. La voluntad especuladora de estos viejos rockeros del pujolismo -entre otros actores- que han puesto los ojos en los acantilados de esta localidad choca con la de los regidores convergentes, que quieren tumbar el proyecto, como el resto de las fuerzas políticas del municipio, excepto Tossa Unida, que es partidaria del sí.

Según consta en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), se diseñó una consulta que habría dado por bueno el resultado con una participación de sólo el 15% y con la que se habría votado la modificación del plan general de ordenación urbana para plantar un pack indivisible que incluye chalés y un hotel, además del puerto.
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