El gobierno de Andorra, que lidera Toni Martí, se tendrá que enfrentar a las acciones legales que prevén emprender seis aspirantes al concurso público del casino. Estos operadores consideran que el proceso de adjudicación no sólo no ha satisfecho las expectativas de este sonado proyecto de país, sino que puede haber incurrido en «graves irregularidades».
Excluidas por el controvertido sistema de puntuaciones del Consejo Regulador Andorrano del Juego (CRAJ), del que ha emergido como ganadora Jocs SA (empresa del ex-cónsul de Ordino Ventura Espot), las aspirantes Barrière, Cierco-Partouche, Bomosa, Cirsa-Tranchant, Grup Reinau, Mercury, PVG Casinos i Genting Group se huelen un posible amaño y se han reunido al Colegio de Abogados de Barcelona para ponerse manos a la obra. Durante los próximos días decidirán como llevar juntas el asunto a los tribunales.
Jocs SA prevé invertir 15 millones de euros en el proyecto y crear 162 puestos de trabajo. Otros aspirantes, como Genting y Cirsa-Tranchant, casi multiplicaban por diez la inversión planeada por esta sociedad andorrana, lo que, por si fuera poco, ha proyectado dudas sobre la apertura económica que se atribuye al ejecutivo andorrano.
